El Estado, de acuerdo al artículo 54 de la Constitución de la República, es el responsable y garante de la Seguridad Alimentaria.

Para cumplir con este mandato, las instituciones públicas deben introducir los avances tecnológicos y los recursos económicos suficientes, en el proceso productivo, de procesamiento, comercialización y consumo.

Aplicando una política integral, que estimule a todos los sectores que participan en la agropecuaria y agroindustria, (productores, profesionales, paratécnicos, trabajadores, comercializadores y consumidores), dentro de una visión que enfatice la eficiencia, el progreso y el desarrollo rural.

Dentro de una “Nueva Agricultura”, el desarrollo rural estaría sustentado en la política socio-económica del ruralismo moderno, que consiste en lograr el bienestar del campo a partir del desarrollo agropecuario y agroindustrial.

De ahí que procede establecer el “Sistema de apoyo a la Modernización Agropecuaria, Agroindustrial y Rural”, como la base conceptual para el desarrollo rural dominicano, fundamentado en la innovación tecnológica, la cualificación del recurso humano y la creación de condiciones concretas a los productores de vocación comprobada.

Estamos hablando del eje transversal que unificaría las acciones fundamentales del Ministerio de Agricultura y de las demás instituciones del sector público agropecuario.

Pues, en realidad las entidades públicas pueden coordinar acciones, pero no lo hacen bajo un esquema único de planificación y ejecución.

Por eso, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) sería el organismo que elabore y disponga los planes, programas y proyectos específicos del “Sistema de apoyo a la Modernización Agropecuaria, Agroindustrial y Rural”.

Expresando un respaldo especial a todos los productores, bajo el enfoque de aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario y rural, así como el bienestar rural.

De manera, que la expansión económica en el campo contribuya en el combate la pobreza rural, priorizando las necesidades básicas de las familias productoras.

El “Sistema de apoyo a la Modernización Agropecuaria, Agroindustrial y Rural” pondría en primer plano la Seguridad Alimentaria en la búsqueda de una sostenible autosuficiencia, siempre enfocando la producción de alimentos de altos contenidos nutricionales.

Los productores, agroindustriales y otros beneficiarios del “Sistema de apoyo a la Modernización Agropecuaria, Agroindustrial y Rural”, cumplirían un conjunto de requisitos para ser incluidos en el programa de facilidades, a fin de garantizar que los aportes del Estado no sean desviados de los objetivos dispuestos.

El Congreso Nacional, mediante ley orgánica –como el proyecto propuesto por nosotros-, autorizaría al Poder Ejecutivo a implementar planes, proyectos y programas especiales que contribuyan a que los productores, aún con sus precarias condiciones económicas, apliquen los más avanzados paquetes tecnológicos.

Con el propósito de que se cumpla este nuevo régimen, las autoridades del Ministerio de Agricultura y de las demás instituciones del sector agropecuario, son responsables de la aplicación estricta de la presente ley, y serían pasibles de responder ante las leyes por su dejadez o la desviación de los objetivos de la misma.

Esas entidades del sector agropecuario, en representación del Estado, crearán las condiciones para que los productores fomenten con elevada productividad y rentabilidad, los alimentos demandados por la población, así como para capturar los amplios mercados externos.

Con este fin, proporcionarían a plenitud las condiciones de preparación de terreno, suministro de semillas y otros materiales de siembra, financiamiento, asistencia técnica, almacenamiento, transporte y lo necesario para la comercialización, a todos los agricultores que entren en el “Sistema de apoyo a la Modernización Agropecuaria, Agroindustrial y Rural”.

El Estado garantizaría, través de las instituciones que se crearían según el proyecto de ley, y mediante el “Sistema de apoyo a la Modernización Agropecuaria, Agroindustrial y Rural” el apoyo en infraestructuras, cercados de pequeñas propiedades, tractores, equipos e implementos agropecuarios (sembradoras, cosechadoras, picadoras, molinos, mochilas, remolques, picos, palas, azadas, rastrillos, etc.).

Además, maquinarias de soluciones pequeñas de riego (para lagunas, pozos, etc.), materiales de invernaderos, naves, estanques, depósitos, material biológico y genético, material vegetativo, de sementales vacunos, ovinos, caprinos, etc. e insumos (fertilizantes, simientes, herbicidas, etc.); materiales educativos (capacitación y asistencia técnica), así como atención a desastres naturales y garantías a los créditos otorgados.

Es un nuevo régimen que unificaría el accionar público, garantizando tecnologías de punta, los recursos requeridos, maximizando la agroindustrialización, competitividad, la reducción de la pobreza y el bienestar general del campo y la ciudad.