La presente campaña electoral, que finaliza esta semana,  es otra expresión de la espiral de escándalos, de corrupción en las diversas esferas de la administración pública y del deterioro de la institucionalidad formal y de los usos y costumbres de la práctica política en la sociedad dominicana.

En efecto, el gobierno, con su presidente  a la cabeza, continúa su práctica de uso y abuso de los recursos del Estado en campañas electorales, a través de compras de tránsfugas, de repartición de dinero, de comida, de materiales de construcción, etcétera.

Además de esas acciones, viola los derechos a la manifestación pública y a la información, al impedirle al candidato a diputado Pedro Catrain encabezar una protesta frente a edificaciones construidas con dinero vinculado al lavado de activo o fondos público para uso privado y tolera el tiroteo contra camarógrafos del programa de Alicia Ortega, cuando filmaban la acción el trasiego de electrodomésticos para ser repartidos en actividades de los candidatos del partido de gobierno.

Con la aprobación del proyecto sobre la Ley de Partidos, estas malas prácticas podrían limitarse. Sin embargo, la conversión de una campaña congresual y municipal en una de promoción de los presidentes de los partidos de cara a las elecciones presidenciales del 2012, es más difícil de corregir porque se convierte en cultura política. Su omnipresencia en los mítines, caravanas y otros formas de propaganda desvirtuará, el contenido de este tipo de  elecciones pues con ello se opaca y subordina las candidaturas congresuales y municipales, además de las propuestas de estos, independientemente de las limitaciones de algunos de ellos. Hoy, los presidentes partidarios usan las campañas congresuales y municipales básicamente para promover sus proyectos, en el futuro, se reforzará la tendencia a escoger como candidatos a aquellos que pertenecen o son cercanos a sus proyectos.

Además, constituye una ventaja comparativa de los presidentes partidarios sobre todos los aspirantes a  cargos públicos en las convenciones de sus respectivos partidos, fortalece la cultura de la subordinación al jefe y acentuará la latente cultura del arrastre en las elecciones presidenciales del 2016 debido a que serán simultáneas con las congresuales. Otro despropósito, otro retroceso de la nueva Constitución.

 Constituye un anacronismo ver a los presidentes de los partidos sentados en las capotas de sus yipetones promoviéndose en las caravanas y situando en planos secundarios a quienes deben ser los protagonistas: los  candidatos, el partido o los aliados. Esa abusiva actitud debe constituir una lección para todos aquellos que reclamándose  de izquierda o independientes de los jefes facciones, han establecido alianzas coyunturales con estos.

Este proceso de perversión de la práctica política y de involución del sistema político no se detiene con simples proyectos de ley ni de denuncias, sino con un vasto movimiento alternativo que articule la diversidad de sectores políticos, sociales, productivos y políticos que en sus diversas gradaciones y motivos, están, en contra de una clase política que de manera sostenida nos impide avanzar llevándonos de manera sostenida por el sendero del retroceso.