Los asesinatos de siete personas en la comunidad Ojo de Agua, de Paya, en Baní, nos muestran hasta qué grado ha llegado la violencia criminal en la República Dominicana. Se trata de un crimen al estilo de los ajustes de cuentas que suelen practicarse en el mundo de las drogas. El suceso nos inscribe, sin duda, entre los países peligrosamente asediados por un crimen organizado que no escatima esfuerzos a la hora de hacer sentir su maldad.

Se trata de un suceso que vincula a personas de distintas nacionalidades, incluidos filipinos, lo que nos da una idea del carácter internacional de las operaciones  a que estarían dedicadas estas personas. Hay, según parece, operaciones múltiples de secuestro y traslado de las víctimas a un lugar apartado, entre cañaverales de la zona, donde se practicó la ejecución. Esto podría indicar que hemos pasado de simple puente  a base de grandes  operaciones ilícitas.  Los investigadores tienen la palabra.

Repartir culpas no es el remedio
Las opiniones acerca de las causas que inducen a linchamiento de presuntos delincuentes han desatado un debate interesante, que deja intacto el problema de índices de impunidad que influyen decididamente en la reincidencia. Se pretende cargarle la culpa a los jueces, sin reparar en las fallas que se arrastran desde la investigación policial hasta la elaboración y mala sustanciación de los expedientes. Sería interesante que los jueces se pronunciaran sobre estas fallas, no en ánimo de rebatir a sus acusadores, sino para contribuir a un mejor manejo de estos asuntos. Sería de mucha utilidad que estos servidores judiciales dijeran, también,  cuáles son los puntos débiles del Código Procesal Penal.

Hay quienes opinan que la falta de sustanciación de algunos expedientes podría ser deliberada, y habría que ser  ingenuo para desconocer los propósitos. Según esa conjetura, en esto estaría comprometida la responsabilidad o contubernio de policías y fiscales. Es una especie de “descargo” prefabricado, pues la inconsistencia obliga al juez a descargar al inculpado. Desde luego, es más fácil cargarle la culpa a los jueces, sin que esto quiera decir que algunos no sean venales o “blandos”. Las fuerzas que ahora se dedican a este debate estéril deberían dedicarse a  eliminar causas de impunidad y a trabajar para mejorar el desempeño general contra el delito.