¿Un TLC por cuánto?

PAVEL ISA-CONTRERAS
Recientemente la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) dio a conocer un estudio de la empresa Nathan Associates bajo contrato de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) sobre le impacto negativo que sobre la República Dominicana tendrá del fin de las cuotas de los Estados Unidos a las importaciones de confecciones desde Asia, y sobre cómo la adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (conocido como CAFTA) podría contribuir a amortiguarlo.

Cabe recordar que el sector de zonas francas fue el más proactivo en la búsqueda de la adhesión al CAFTA, que ese sector explica el 80% de las exportaciones del país, y cerca del 65% si descontamos sus importaciones de insumos, y que las confecciones representan el 70% del empleo del sector.

Esto lo hace el principal doliente de una ausencia del TLC. Seguramente habrá otros sectores afectados, en especial si no se renuevan los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe en 2008. Pero estos últimos efectos no serían inmediatos ni tan importantes para la generación de empleo y divisas como el de las zonas francas.

El resultado del estudio es muy chocante: el fin de las cuotas sumado a los efectos de la reciente crisis macroeconómica resultaría en una pérdida de unos 48,268 empleos en las empresas de confecciones de las zonas francas.

Pero si entra en vigor el DR-CAFTA, dice el estudio, el país podría proteger 23,345 de esos empleos. A pesar de que es una cifra modesta (por ejemplo, es menos del 1% de la población ocupada, y cerca del 5% del empleo total de la industria manufacturera o la agricultura), esos 23 mil empleos son importantes, y también lo son las empresas que los crean y la riqueza que producen. Por eso hay que hacer esfuerzos por defenderlos.

Sin embargo, hay que preguntarse si los beneficios que estima el estudio compensan los costos asociados a firmar ese tratado.

Tenemos el deber de preguntarnos si esos 23 mil empleos compensan los costos de someter a la agricultura dominicana, que genera 500 mil empleos, a los embates de los multimillonarios subsidios en los Estados Unidos mientras apenas recibimos beneficios de ese país para el 0.2% de nuestras exportaciones de origen agropecuario, si estamos dispuestos a comprometer a los sectores azucarero y arrocero, y a los productores de habichuelas por esos 23 mil empleos, si estamos dispuestos a someternos al régimen de propiedad intelectual más estricto en el mundo que limitará la capacidad de ofrecer medicamentos genéricos a la población pobre y restringirá la capacidad de comprar patentes a nuestra industria farmacéutica por 23 mil empleos, y si estamos dispuestos a comprometer el 34% de los ingresos tributarios (aranceles y Comisión Cambiaria) por esos puestos.

Cabe recordar que ya hemos pagado elevados costos políticos por ese tratado: al darle un vuelco total a la política exterior, rompimos alianzas estratégicas, que inconcluso ayudaron a las zonas francas en su momento en la OMC y que hubiesen podido ayudar al turismo, enviamos señales de inconsistencia y poca confiabilidad en nuestra política exterior, mandamos tropas a apoyar una ocupación ilegal, apoyamos el unilateralismo rampante, y apoyamos la impunidad de ciudadanos estadounidenses que puedan ser acusados de violaciones a los derechos humanos. En síntesis, la pregunta que se impone es cuánto estamos dispuestos apagar por defender esos empleos. La ADOZONA hizo su tarea, dio sus cifras, y fue honesta con los resultados. Falta que el resto del país haga lo propio, saque sus numeritos y pasemos balance.