La verdad es que hacía tiempo que no recibía tantas manifestaciones de apoyo por lo que he escrito hasta ahora sobre el anteproyecto de Ley que Aprueba la Estrategia Nacional de Titulación de Inmuebles.  Esto nos hace pensar, que la gran mayoría de los dominicanos, fuera de los que redactaron este desatino con pretensiones jurídicas, desean que el Poder Ejecutivo lo rechace de golpe y porrazo, por constituir una grave amenaza al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica, necesaria para no ponerle trabas a  la tan necesaria inversión extranjera.  En efecto, no sólo es violatorio de  la Constitución de la República, sino también, de los convenios internacionales que sobre la materia ha suscrito el Estado Dominicano.

Pretender enfrentar el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, no sólo es una aberración, en la cual los proponentes pretendían ganar el favor del recién electo presidente de la República.  Sin embargo, en su lugar, le asestaron un golpe mortal a la Carta Magna votada en el año 2010.  La doctora Margarita Gil, una auténtica especialista en la materia, nos envió una reseña en la cual señala todos los artículos que viola el anteproyecto de marras, los cuales, con su autorización nos  permitimos indicar sin comentarlos por lo extenso que sería esta entrega.  Artículos violados: 4; 6; 26; 51; 68; 73; 110; 128; 134; 149 y 168.  ¿Podría el Poder Ejecutivo presentar ante las Cámaras Legislativas un anteproyecto con tantas transgresiones?  Negativo.

En una de las dos Comisiones que se formaron para analizar y dar visos de legalidad al susodicho anteproyecto, se incluyó al ingeniero Osmar Benítez, como representante de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), institución que hace muchos años está luchando porque a los productores, tanto individuales como los de la Reforma Agraria, se les proporcione un título legal y definitivo sobre los terrenos que ocupan, para de esa manera constituirse en propietarios titulados y poder acceder al crédito, tanto de la banca estatal como de la privada. En esa posición, se ha vinculado al ingeniero Benítez como defensor del anteproyecto, mas a nosotros nos consta lo contrario, ya que lo presentó ante el Consejo Directivo de la JAD, de la cual nosotros formamos parte, especificando que la versión original fue distorsionada por  los principales proponentes, que a su vez eran integrantes de la Comisión Técnica, de la cual, para desgracia de los que abogan por la titulación, no formaron parte, ni la doctora Margarita Gil, ni la doctora Ingrid Lavandier, verdaderas defensoras de la titulación, pero desde el punto de vista constitucional.

Somos de opinión, que para que se pueda llegar a cabo la titulación deseada, hace falta que muchos elementos sean conjugados y también que haya voluntad política y un gran desprendimiento, tanto del Gobierno Central, como de los propietarios de los terrenos ocupados o invadidos y que posteriormente fueron expropiados por los diferentes gobiernos que hemos tenido desde la ocupación estadounidense del 1916-24, a partir de la cual se implantó el sistema Torrens.

La primera medida que debe tomar el Estado Dominicano es realizar un exhaustivo inventario de todos los terrenos en conflicto.  En el caso de los terrenos invadidos y de los expropiados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) entregados a parceleros, sin mediar compensación monetaria a los verdaderos propietarios de dichos terrenos, el Estado debe hacer una tasación global e imparcial para proceder al pago de los mismos, mediante permutas de terrenos estatales; la exención de impuestos de transferencia, deslindes y otras cargas, o también por medio de bonos o que las acreencias sean descontadas del pago de los impuestos sobre la renta o municipales.  Para esto se deben establecer precios fijos y justos a cada  inmueble, programarse pagos escalonados para desinteresar a propietarios despojados, para que el Estado pueda realizar, sin la erogación de sumas millonarias,  la titulación de multitud de inmuebles sin documentación legal que los ampare y que permita a sus dueños o tenedores el acceso a créditos bancarios, a la construcción de mejoras para que la propiedad “a título precario” pase a ser sólo un mal recuerdo en nuestro país.

Los principales proponentes de este anacrónico y peregrino anteproyecto, Henry Molina hijo y el señor Helder Taveras Villamán, no sólo quedarán como propiciadores de un proyecto peligroso y temerario, sino que el último de los dos que pensó que confeccionaba un traje a su medida, al parecer le quedó grande y tuvo que tirarlo al zafacón.  Los oportunistas como los señalados, que se despojen de su disfraz de oveja dócil e inofensiva y se enfunden la indumentaria de lobos esteparios.