Por Andy Webb-Vidal
En Caracas
Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, intentó ayer repeler un escándalo en ciernes que Vinculaba a altas figuras de su coalición con los ilegales combatientes paramilitares, al designar a una antigua víctima de los secuestros como ministro de Relaciones Exteriores.

Uribe nombró a Fernando Araújo, un político que el mes pasado escapó después de seis años de cautiverio por los insurgentes izquierdistas, como ministro de Relaciones Exteriores para reemplazar a María Consuelo Araújo, quien renunció al cargo el lunes.

La señorita Araújo, que no tiene vínculos con el nuevo ministro, se vio obligada a renunciar después que su hermano, un senador, y otros cuatro legisladores pro-Uribe fueran arrestados la semana pasada por acusaciones de colaborar con comandantes paramilitares.

Desde que el llamado escándalo “de los “para-políticos” salió a flote en noviembre pasado, ocho legisladores han sido arrestados como parte de una investigación de la Corte Suprema que se está extendiendo, y que está poniendo a prueba el sistema político de Colombia. La designación de Araújo por parte de Uribe -quien el mes pasado emergió de la selva como una figura desgastada, después de haber sido secuestrado en el año 2000- tiene la intención de reforzar la imagen de Colombia como una víctima del sufrimiento, dicen los analistas.

 “Uribe está demostrando que es un político astuto al designar a alguien como el vocero del país, que es en sí mismo un símbolo de la situación terrible de Colombia con la violencia y los secuestros”, dijo Patrick Esteruelas, analista para América Latina del Grupo Eurasia, en Nueva York.

Sin embargo, el escándalo de los “para-políticos”, que algunos legisladores del Congreso de Estados Unidos llaman “para-gate”, es embarazoso para Uribe, quien tiene programado servir de anfitrión a George W. Bush, el presidente de EEUU e, mes próximo. Colombia es un aliado clave de EEUU en América latina, y Washington ha bombeado miles de millones de dólares en la ayuda contra el narcotráfico al país en los últimos años.

Se rumora que hasta unos 60 legisladores de Colombia estén en la mira de la investigación de la Corte Suprema, y el escándalo reactivó las acusaciones latentes por largo tiempo de vínculos de paramilitares con la elite política.

Los grupos paramilitares, que crecieron hasta dominar grandes zonas de Colombia durante la década de los 90, perpetraron numerosas violaciones de derechos humanos y con regularidad estuvieron vinculados al tráfico de drogas para financiar sus actividades. El furor de los “para-políticos” también salió a flote mientras se juntan las dudas sobre el éxito duradero de un programa del gobierno que ha supervisado la desmovilización de más de 30,000 combatientes paramilitares.

De varios miles de estos combatientes ahora se desconoce su paradero y se piensa que la mayoría se haya reagrupado en nuevas unidades paramilitares.

Uribe, quien fue reelecto el año pasado para un nuevo periodo consecutivo de cuatro años, hasta ahora ha salido ileso por el escándalo y sigue siendo popular por haber reducido la frecuencia de los ataques terroristas por parte de los grupos insurgentes.

Una encuesta reciente realizada por Invamar-Gallup indicó que su tasa de aprobación se había incrementado de cerca de 70% a finales del año pasado a 73% en febrero.

VERSION IVAN PEREZ CARRION