EDUARDO JORGE PRATS
La relación de los dominicanos con la ley y con el Derecho es compleja. No hay un asunto que, conforme a las convicciones más extendidas en la población, no merezca ser abordado legislativamente. Desde el deber del sol de salir todos los días a las 6 de la mañana hasta el derecho a ser feliz, todo debe estar reglamentando. Esta concepción popular parte del valor taumatúrgico de la ley: por obra y gracia de la manipulación legislativa no hay problema humano que no pueda ser resuelto.

Quienes asumen esta concepción olvidan un dato evidente para muchos: las leyes necesitan procesos de implementación que acerquen la realidad cotidiana a la normatividad del deber ser. Ello explica porqué buenas leyes tropiezan o fracasan en nuestro medio: por un lado el Estado no dedica los recursos humanos y materiales para aplicar las leyes y, por otro, la ciudadanía no se apodera de las leyes y lucha por su aplicación a través de las organizaciones ciudadanas. De ahí que muchos sectores del ordenamiento jurídico dominicano están muertos: porque no se constituyen en un “Derecho en acción” motorizado por el Estado y los ciudadanos.

No es casual que el idioma castellano carezca de una palabra que connote todo el significado inherente al “enforcement” de la lengua inglesa. Como buenos latinoamericanos, los dominicanos vivimos en el mundo del “cumplimiento”: “cumplo” de la boca para fuera la ley y miento porque, en los hechos, la ley no se aplica efectivamente. Por eso mucha gente desconfía de los legisladores y los abogados: se entiende que todos ellos rinden un tributo meramente ritual a la ley.

Lo mismo ocurre con la Constitución. Todo el mundo habla de reformarla. Pocos, sin embargo, nos preocupamos de hacerla una realidad que viva más allá de la simple modificación de su texto. Por eso hemos soportado durante años un impuesto manifiestamente inconstitucional como el recargo cambiario, sin que ni siquiera los sectores de la economía más afectados por el mismo hayan sido capaces de lograr su nulidad y sin que la Suprema Corte de Justicia haya tenido el coraje de comprobar lo evidente: los impuestos deben ser aprobados por el Congreso Nacional.

Esa relación de amor y odio con la ley que tenemos los dominicanos explica la efervescencia legislativa en las más diversas áreas. Ello contrasta con el hecho de que nadie se preocupa porque se aprueben aquellas leyes que contribuirían efectivamente a mejorar el nivel de cumplimiento de las normas. Tal es el caso de la Ley de la Administración Pública, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley Procesal Administrativa.

De la primera, casi nadie habla. Es más cómodo que el Presidente de la República se siga manejando en el caos organizacional de la Administración Pública actual a que se le obligue a sujetarse a un estatuto que logre el adelgazamiento estatal y la eficiencia administrativa. De la segunda, ya se sabe que ni la oposición congresional se atreve a casarse con la gloria de una ley que acabe de una vez por todas con el grado a grado ni el Presidente tiene incentivos para ir más allá de un dichoso “decreto puente” que ni entra en vigor hasta mediados de año ni elimina el favoritismo y la corrupción en la contratación pública. En cuanto a la última, ya se sabe que muchos prefieren que el Estado siga siendo irresponsable, inembargable e impune a que tenga que sujetarse a su propia legalidad mediante un permanente y oportuno control judicial de la actuación administrativa.

¿Debe movernos lo anterior al escepticismo? Pienso que los dominicanos tenemos la gran oportunidad de, con nuestro voto, y sin tomar en cuenta el discurso de las supuestas mayorías tiránicas y del hipócrita apego a un inexistente contrapeso de poderes, favorecer aquellas opciones electorales que en el discurso y en los hechos estén dispuestas a llevar el Estado a su legalidad. Como me expresaba el otro día por correo electrónico un simpatizante de nuestra candidatura a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata:

“Si usted es escéptico, vote. Si usted está harto, vote. Si usted desconfía de los políticos, vote. Si usted ama la República Dominicana, vote”.