El principio ético que dispone que nadie puede legislar en provecho propio es de amplísimo alcance, pero los regidores que pretenden asignarse pensiones no se dan por aludidos, a pesar de que sus propósitos los colocan en la ruta de incurrir en una acción indecorosa. Bajo cualquier disfraz, una resolución como la que sería necesaria para materializar la intención de los regidores, caería en el terreno de la inmoralidad, del abuso rampante de la autoridad conferida por voto popular.
El procurador general Francisco Domínguez Brito, en declaraciones que recogió este mismo diario en su edición de ayer, advierte sobre las violaciones en que incurrirían los regidores que traten de materializar propósitos semejantes. La persecución judicial está prevista para casos como este, que son parte de los daños causados desde que los partidos decidieron convertir el honorífico cargo de regidor en una función remunerada.
Al margen de lo que la ley ha previsto para esta práctica, está el hecho de que los regidores que montan esta trama pretenden aprovechar el período de transición para lucrarse a costa de las finanzas del Estado. Una resolución como la que se pretende lleva de nacimiento el sello de la nulidad, pues violentaría un principio fundamental de moralidad en el ejercicio de todos los poderes.

Arresto domiciliario

El caso de Priscila Díaz Infante pone en aprietos a quienes deben garantizar el rigor de los requisitos del arresto domiciliario. Esta mujer, que está condenada a 30 años por implicaciones en secuestro y asesinato, estaba amparada por el régimen de arresto domiciliario en virtud de padecimientos de salud, pero fue arrestada cuando presuntamente participaba de una operación de drogas, muy lejos de los límites de su encierro condicionado, según las autoridades.

Este caso arroja serias dudas sobre la seriedad conque se maneja el otorgamiento de este encierro atenuado y los controles y seguimiento o vigilancia a que se somete a los beneficiados con esta modalidad. Al parecer, arresto domiciliario es algo tan favorable al acusado como la libertad condicional bajo prestación de fianza, que muchos asumen como sentencia de absolución.