JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
La reciente declaración del señor Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, contralmirante Sigfrido Pared, relativa a involucrar a los agroempresarios en el tráfico ilegal de jornaleros haitianos para ser utilizados en sus predios agrícolas, ha sido una revelación muy desafortunada, no conteste con la verdad. Al parecer, sus fuentes de inteligencia cometieron un grave error y una injusta inculpación contra laboriosos ciudadanos, que a los grandes riesgos que soportan por los actos fortuitos de la naturaleza se les agrega esta veracidad parcial, emitida por el militar de más alto rango, quién al parecer no verificó o profundizó sobre las graves consecuencias que esta imputación pueda significar para el ya golpeado y disminuido sector agropecuario.

En la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), tenemos un gran respeto por este correcto y competente militar y no dudamos que él haya tenido conocimiento de acciones que involucran  -algún inescrupuloso y aislado agroempresario-, lo cual constituye la excepción y no la regla. El artículo 10 de los Estatutos Constitutivos de la JAD contempla la expulsión ipso-facto de la organización, de aquellos miembros de la entidad que cometan actos violatorios de las leyes adjetivas de la República y podemos asegurar, que si al Consejo de Directores llegase una denuncia comprobada de esta naturaleza, no vacilará en dictaminar la expulsión de este socio por constituir una práctica deleznable de tráfico esclavista de seres humanos. Por eso, le solicitamos de manera deferente al señor Secretario de las Fuerzas Armadas, que indague y  nos suministre los nombres de los individuos o empresas involucradas en esta acción criminal para proceder en consecuencia.

Es de rigor señalar y que sepamos, que la única institución que contrata obreros a destajo en el sector agrícola  para el corte y tiro de la caña es el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Sin embargo, contrario a lo que la gran mayoría de los dominicanos piensan de la necesidad que tienen los agroempresarios de utilizar mano de obra “barata” haitiana no especializada, debemos apuntalar que la misma constituye un atraso para nuestra agricultura. Por ejemplo, en la recolección de café, por muchas veces que se le indique de sólo recolectar los granos maduros, estos, con  mañosa sabiduría “ripean” las ramas de los cafetos para incluir verdes, maduros, secos y hojas que completaran más rápidamente la caja que determinará el precio a pagar por esta labor,  sin importarle que esta malsana práctica daña la calidad del café recogido de ese modo. Asimismo, yerran los que afirman que se les paga menos a los haitianos que a los dominicanos. El precio por la recolección de la caja es igual para haitianos, dominicanos, o cualquier otra nacionalidad que quisiera intervenir en este tipo de labor.

Hay “defensores a rajatabla o por conveniencia de los obreros haitianos” que afirman que a los mismos se les explota.  En una finca arrocera, platanera, o de cualquier otra índole, a estos se les paga el mismo salario  que al dominicano y en la mayoría de los casos, hasta se les suministra el almuerzo. Entonces, ¿Existe discriminación o  xenofobia?

La parte que no concordamos con el señor Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas es la que afirma que los agroempresarios son los culpables de la introducción y contratación de los haitianos ilegales. Que sea de nuestro conocimiento, ningún agroempresario labora en cualquier Departamento de  Migración o tiene acantonadas fuerzas militares o forma parte de la operación Vaquero en la frontera, para permitir el libre paso por la misma. Ahí deberá admitir, que los únicos que mantienen un tráfico ilegal y un “peaje” per cápita por haitiano que se le permite atravesar ilegalmente la frontera, son oficiales de alto rango, quienes en connivencia y asociados con soldados de rangos inferiores, se constituyen en una “mafia organizada” que cobra y se  reparten los beneficios entre ellos. Por eso, nadie cree en la comisión que investigó sobre la muerte de veinticinco haitianos que murieron asfixiados en un furgón y que luego sus cuerpos fueron diseminados en una barranca cerca de Navarrete.  Esa junta investigativa determinó, que fue un sargento y varios rasos los culpables del delito. Ahí solo cabe recordar aquel juego infantil de “mete el dedo que la cotorrita no está ahí”.      

Admitimos, que muchos agroempresarios utilizan haitianos en sus predios agrícolas. Sin embargo, no constituyen los mayores empleadores. Si el Contralmirante Pared hiciera un censo de los obreros que trabajan en la construcción, podrá constatar que más del setenta por ciento son haitianos. Para prueba un botón. Un reportaje que salió a la luz pública la semana pasada, comprobó que la mayoría de los que realizan manualmente las excavaciones en el Metro, son haitianos. Entonces ¿Por qué no acusó al ingeniero Diandino Peña de traficante de haitianos?

La penetración de la mano de obra haitiana es tan grande, que en el sector que vivimos, Bella Vista, la mayoría de los que venden frutas, maní, frío-frío o “friquitaquis” en los edificios en construcción son haitianos. Ojalá no se nos atribuya también esta actividad. Para terminar y esto los hemos visto, ya que pasamos dos “alcabalas militares” para ir a nuestro lugar de nacimiento. Las “voladoras” y camiones transportistas, unos metros antes de pasar por las mismas, desmontan a los haitianos y les indican que se vayan por senderos fuera de la carretera para recogerlos unos metros después del puesto de verificación. Esto lo hacen cuando se quieren economizar unos pesos, porque sino, con un billete azul, y hasta con un amarillo, se hacen de la vista gorda. ¡Ah los agroempresarios que hacen diabluras!