Entes públicos comprometidos con la protección social y entidades particulares de espontánea reacción solidaria confluyen portando recursos en la zona cero, o epicentro de la destrucción de vidas y edificaciones en San Cristóbal. Un desastre con poder de convocatoria ciudadana para poder lidiar inmediatamente con las secuelas del siniestro y mitigar sus efectos. Una suma de voluntades público-privadas llamada a perdurar con un plan integral de ejecutorias para que desde los escombros surja en el menor tiempo posible un nuevo casco urbano que resulte de la aplicación estricta de normas que impidan el caos y la mezcla atroz de propósitos en el uso de los suelos con absoluta aplicación de prohibiciones a las sustancias peligrosas. Esto a partir de ejercicios de autoridad que conviertan la permisividad para asentarse sin inhibiciones en un recuerdo de amargura y dolor. Una repoblación respaldada con apoyo financiero de interés social para que los propietarios originales de los espacios destruidos retornen a sus fines habitacionales y de lucros respetuosos de la ley.
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La recuperación que demandan las circunstancias de San Cristóbal está al alcance por la disponibilidad de fondos, prácticamente ilimitada, con que cuentan las arcas del Estado para responder con prontitud a las situaciones de calamidad en el país. La atención del presidente Luis Abinader ha estado, desde las primeras urgencias, concentrada como procede en la tragedia que ha vivido la nación en San Cristóbal.