LEANDRO GUZMAN
Las recientes elecciones en Haití, caracterizadas por una masiva votación popular, abren una brecha de esperanza democrática en la más empobrecida nación de América.

Hasta el momento de escribir este artículo, el candidato presidencial René García Preval se perfilaba como el seguro ganador de las elecciones, luego de 20 años de tropiezos para instaurar la democracia en el vecino país.

La República Dominicana debe continuar atenta a los acontecimientos haitianos, porque compartimos una frontera común y, además, porque cada día es más creciente la inmigración ilegal, pesada carga que gravita sobre la precaria economía nacional. Solo basta señalar el caso de las miles de parturientas haitianas que vienen a parir a nuestros hospitales, independientemente de que sus compatriotas también son beneficiarios de los servicios de salud y otros colaterales que brinda a sus nacionales el Estado Dominicano.

Si uno analiza un reportaje publicado recientemente por uno de nuestros periódicos, donde haitianos residentes en el llamado “pequeño Haití”, en los alrededores del mercado de la avenida Mella, puede fácilmente darse cuenta de su carácter de “exiliados económicos”.

En efecto, muchos de ellos dijeron que si la economía mejora en Haití, retornarían a su Patria, lo que indica claramente que una gran mayoría de los que hoy están aquí es en busca de oportunidades de trabajo y mejor vida, que no consiguen en la nación de Dessalines, Toussaint y Christopher.

Si se ha confirmado el triunfo de Preval, posiblemente Haití reciba una sostenida colaboración económica de la comunidad internacional, hasta ahora caracterizada por la indolencia frente la pobreza haitiana.

Es verdad que muchos países han justificado su apatía por el desorden imperante en Haití, pero además porque los sucesivos “gobiernos” que ha tenido se han caracterizado por la corrupción en el manejo de los fondos.

Preval, que fue primer ministro de Haití durante el gobierno del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide, pero además presidente constitucional, es un agrónomo con estudios especializados en Bélgica, lo hace pensar que debe tener suficiente visión como para emprender planes de desarrollo agrícola que mejoren las condiciones de vida del sector rural haitiano. Si ocurre ese milagro, uno se anima a pensar que se reducirá la masiva migración haitiana hacia la República Dominicana.

Preval conoce muy bien el terreno en que se mueve en cuanto a las relaciones bilaterales entre los dos países. Hace poco, en plena campaña electoral, admitió que el Gobierno Dominicano tiene “soberano derecho” de repatriar a los ilegales haitianos, aunque dijo que ese proceso debe estar sujeto al respeto de sus derechos humanos.

Sea cual sea el perfil del Gobierno resultante de las elecciones, las autoridades dominicanas deberían negociar con su contraparte una estructura institucional migratoria, que posibilite otorgar la residencia permanente a los ilegales que han formado familias en el país, como también la temporal a aquellos que vienen a trabajar amparados por contratos legales en diversas áreas.

El nuevo Gobierno haitiano, si realmente tiene interés en encauzar a Haití por senderos democráticos, debe ampararse en su constitucionalidad para desarmar y poner fin a las pandillas armadas que aterrorizan a la población, única forma de garantizar la estabilidad y la seguridad, para que los potenciales inversionistas se sientan garantizados.

La otra medida sería entrarle con mano dura al tráfico de drogas, que se ha asentado en Haití, utilizando a la República Dominicana como puente, para hacerla llegar a los Estados Unidos.

En estos cruciales momentos, en Haití se debería legislar a fin de que las millonarias remesas de la diáspora repartida por el mundo, tengan control del Gobierno para emprender planes de desarrollo que beneficien al pueblo. No se trata, de ningún modo, de despojar a los que reciben dólares, sino encauzar ese dinero por mejores senderos.

Es mucho lo que puede ayudar la República Dominicana en cuanto se refiere a un futuro para Haití, porque mal que bien tenemos una experiencia democrática de más de 40 años y un mejor desarrollo, aparte de que contamos con una infraestructura industrial que puede servir de ejemplo a los inversionistas haitianos.

Terminado el proceso electoral haitiano, la comunidad internacional no tiene excusa alguna para no ayudar a Haití, pues algunos países que forman parte de ella tienen una enorme deuda social con los haitianos, a quienes han explotado, intervenido militarmente y propiciado dictadores y gobiernos corruptos, sin que hayan hecho un esfuerzo – como parece ser ahora- por buscar salidas democráticas que permitan el desarrollo.