La democracia no es un modelo de gobierno perfecto, sin embargo, hasta ahora es el mejor de los implementados por el hombre. Debido a esas imperfecciones el mismo sistema democrático ha creado mecanismos que garanticen, entre otras cosas, el correcto uso de los recursos del pueblo y a tales fines permite la coexistencia, no solo de estructuras que funjan de pesos y contrapesos, sino también de instituciones, que como la Cámara de Cuentas, han sido investidas de atribuciones que traspasan las jurisdicciones de los conocidos poderes del Estado.

De acuerdo a la doctrina constitucional, el legislador tiene tres grandes funciones: legislar, representar y fiscalizar, pero es esta última la más importante de todas ellas y para llevarla a cabo con eficiencia el mismo congresista ha creado un brazo técnico, que debe tener el nivel de profesionalidad e independencia necesarios para dar pleno seguimiento a las cuentas públicas antes, durante y después de la ejecución presupuestaria de cada período.

Lamentablemente nuestra Cámara de Cuentas hoy no es más que un viejo edificio insertado en una zona comercial, una estructura inactiva y enajenada por la incapacidad de poder garantizar a este pueblo que los nuevos recursos asignados por el presidente Medina a ciertas instituciones tendrán la debida fiscalización por parte del órgano constitucionalmente llamado a hacerlo.

Sin que esto sea limitativo, debo afirmar que la inoperancia de la Cámara de Cuentas, la complicidad del Banco Central y la irresponsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo han sido los terrenos fértiles en los cuales ha germinado la semilla del gran déficit heredado por la presente gestión, por lo que no tenemos otra alternativa que no sea fortalecer la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la Nación como mecanismos que garanticen la buena fiscalización de los recursos públicos, ya que nuestra Cámara de Cuestas está fuera de servicio.