Los periodistas Huchi Lora y Juan Bolívar Díaz tienen en común la verticalidad y responsabilidad de sus posiciones. Ambos tienen el valor de expresar sus pensamientos públicamente, sin recurrir al clandestinaje panfletario. Son ampliamente admirados porque están libres del pecado de la ambivalencia de criterios, de la doblez a que recurren algunos que quieren estar, al mismo tiempo, en la gracia de Dios y en las candelas de Satanás. Esas virtudes les han permitido cosechar un bien ganado respeto.

En estos días, gente incapaz de combatir ideas con ideas, desde la sombra aviesa vierten insultos y amenazas contra ellos. Anda por ahí un panfleto que los tilda de traidores de la patria y llama a darles muerte, lo que entraña una gravísima amenaza. Hay quienes, a falta de procesar ideas, blanden el insulto contra aquellos a quienes no pueden combatir con argumentos. Gastaron un dineral para esa campaña que los dos comunicadores han puesto en manos del Ministerio Público, para investigación.

Ponemos nuestras manos sobre los hombros de estos colegas en señal de inequívoco respaldo, a esta hora en que son víctimas del fanatismo depravado, del nacionalismo mal entendido y peor manejado. El Ministerio Público debe dar con los fanáticos autores de esta campaña de vocación criminal impulsada por gente que no cabe en el campo del honor.

CONTRADICCIONES MUY COMPLEJAS

Justo cuando el progreso nos reclama afinar mejor las garantías jurídicas, el garante por excelencia, el Poder Judicial, es colocado en una situación financiera que le lastra, le ralentiza. Con la asignación presupuestaria para 2014 no podría hacer cosas que necesita y, por mandato de ley, está en el deber de hacer. No en balde, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, considera compleja la situación actual de la justicia, y medita sobre el caso.

Desde luego, la situación no justifica que algunos jueces apelen a tratar de invalidar la facultad del Poder Ejecutivo de promulgar la ley del presupuesto. Sería llamar a la intervención de un poder del Estado en la jurisdicción del otro. Y menos se justifica que jueces suspendan audiencias por el mero hecho de un retraso en la entrega de viáticos. La precariedad financiera no debe inducir en algunas instancias del Poder Judicial esa evidente pérdida de la cordura.