Hoy 
POR JUAN BOLIVAR DIAZ
Una semana antes de que la Junta Central Electoral deje abierta con anticipación la campaña electoral la crispación política reinante origina temores de que el país enfrente un período de violencia que pudiera renovar las incertidumbres que caracterizaron los últimos comicios y dañar el proceso de recuperación económica.
Se ven con preocupación las amenazas de retener el presupuesto a los ayuntamientos, por parte del secretario de Interior y Policía, la cooptación de dirigentes de oposición por el partido de gobierno y las acritudes verbales intercambiadas entre el presidente Leonel Fernández y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En lo inmediato parece urgente que bajen las tensiones entre el Poder Ejecutivo y los principales partidos de oposición para viabilizar un camino de entendimiento que permita aprobar la ley del presupuesto correspondiente al año en curso, reclamada por los organismos internacionales con los que está comprometida la nación.
Crecientes tensiones
Un ambiente de crecientes tensiones se ha venido configurando en las últimas semanas, particularmente por las divergencias que se dieron primero en torno a la ley de reformas tributarias y como derivado en relación al proyecto de ley de ingresos y gastos públicos para el 2006.
El otro ámbito es la negociación para alianzas electorales en que han estado ocupados los principales partidos durante los últimos tres meses y particularmente desde principio de diciembre cuando los dos mayores de oposición anunciaron su decisión de llevar candidaturas comunes para los comicios legislativos y municipales de mayo próximo.
Mientras el interés electoral de la oposición limitaba la aprobación de la reforma tributaria y el presupuesto para el 2006, los líderes del gobierno, incluyendo al propio presidente Fernández, endurecían su discurso al tiempo que se denunciaban esfuerzos por cooptar reformistas y perredeístas disgustados y patrocinios de grupos y dirigentes empeñados en hacer fracasar la alianza opositora.
El presidente Fernández inauguró el año político calificando de reformismo de la sombra a los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que negociaban una alianza electoral con el PRD, prometiendo recorrer el país para decir al pueblo que para que siga el progreso necesitamos el Congreso.
El pasado domingo 15 la ofensiva presidencial fue más directa cuando acusó al PRD de utilizar la tiranía de la mayoría en el Congreso Nacional, imputación que no solo pareció desproporcionada, sino también poco política en momentos en que se esperaba una transacción que diera paso a la aprobación del presupuesto.
Igualmente desproporcionadas han sido las reacciones de dirigentes del PRD, especialmente su presidente Ramón Alburquerque, quien estimó las apreciaciones presidenciales como insensatas, agresivas, abusivas y dañinas para el país. A su vez el director de prensa del gobierno, Rafael Núñez respondió a éste en términos ríspidos.
Más ponderado fue el comunicado del Senado firmado por su presidente, Andrés Bautista García, que consideró el planteamiento del mandatario grave y desconsiderado, pero se centró en señalar una serie de proyectos de leyes, préstamos y renegociaciones que ha aprobado el Congreso al gobierno del PLD.
Como resultado del enfrentamiento, el Congreso no ha avanzado en el conocimiento del proyecto de presupuesto, mientras sus voceros insisten en que no podrán aprobarlo como fue formulado por el gobierno. Los caminos de entendimiento parecen cada vez más cerrados por ambos lados.
La ofensiva de Almeyda
El ingrediente más conflictivo ha sido la amenaza del secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida, quien ha condicionado la entrega de las partidas presupuestarias de los ayuntamientos al informe sobre sus gastos durante el año pasado.
El ministro, miembro del Comité Político del PLD, también convocó a los síndicos a una reunión la próxima semana, lo que fue respondido tanto por el liderazgo de la federación de municipios como por los dirigentes perredeístas, que le han restado calidad para esa iniciativa y la han considerado como parte de la campaña electoral.
El secretario de Interior y Policía tiene razón en cuanto a que los ayuntamientos deben rendir cuenta de sus gestiones, como lo indica la ley de ordenamiento municipal 166-03, la cual establece que esos informes deben ser rendidos a la Liga Municipal Dominicana, la Contraloría General y la Cámara de Cuentas. Es cierto que el ministro es presidente exoficio de la Liga, pero el reclamo correspondería más bien al secretario general de este organismo, a la Contraloría o a la Cámara de Cuentas.
En cualquier caso, dado que no hay precedente sobre el particular, Almeyda debió dar un plazo razonable, que no puede ser de días o semanas después de concluido el año, y no hay manera de desligar tal amenaza de los intereses y tensiones partidistas, habida cuenta de que el PRD controla 105 de los 125 ayuntamientos en los que se eligieron autoridades en los anteriores comicios municipales del 2002, y el PRSC otros 11.
Contradictoriamente, el presidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, declaró esta semana por televisión que la secretaría de Interior y Policía está entre los organismos gubernamentales que tienen pendientes informes a ese organismo sobre la gestión del año pasado. Para extremar la confrontación, los perredeístas han reaccionado rechazando tanto la convocatoria de Almeida como la amenaza de retener el presupuesto de los municipios, sin dar instrucciones para que se cumpla la ley.
¿Reedición del 98-2000?
A una semana de que la JCE emita la proclama de inicio formal de la campaña electoral para los comicios de mayo próximo, ya anunciada para el 26 de enero en curso, las tensiones parecen una reedición de las del 1998 y el 2000 cuando el PLD gobernó como ahora, con minoría en el Congreso y los municipios.
Las campañas electorales de 1998 y el 2000 fueron particularmente virulentas entre peledeistas y perredeistas. En la primera hasta un general retirado fue víctima de activistas oficialistas que le dieron muerte a martillazos en uno de los múltiples incidentes de violencia que la caracterizaron. En agosto el influjo gubernamental dividió el bloque de diputados perredeistas, para imponer un presidente a su conveniencia.
A fines de 1998 el gobierno retuvo el presupuesto de la JCE inconforme por la forma en que la constituyó la mayoría senatorial que consiguió el PRD en los comicios de ese año. En enero de 1999 el poder coercitivo gubernamental produjo un virtual asalto a la Liga Municipal para imponer al actual todavía secretario general Amable Aristy Castro ahora, irónicamente, cabeza reformista de la alianza con el perredeismo. El manejo político del gobierno peledeista en las dos campañas electorales realizadas en el período 1996-2000 le resultó desfavorable y, a juicio de analistas, fue en parte responsable de haber convertido al perredeismo en víctima y haberle atraído simpatías de los electores.
El PRD de entonces estaba mucho más afianzado en las simpatías populares que en la actualidad, de acuerdo a las encuestas, pero es relevante que pudieran repetirse las confrontaciones en términos parecidos. Incluso fue en 1997 la primera vez que el gobierno se manejó con el presupuesto del año anterior, porque la mayoría perredeista-reformista se negó a aprobar el presupuesto, vinculado también a una reforma tributaria.
Gobierno sin Congreso
Es natural que el PLD aspire a ganar la mayoría en el Congreso y en los municipios para gobernar más cómodamente, pero tampoco es necesario jugarse todas las cartas para lograrlo, como hizo en 1998 y fracasó. Eso no afectó en lo fundamental su gestión gubernamental, dado el poder del presidencialismo en la Constitución de la nación.
Tampoco en lo que va del actual período la falta de control sobre el Congreso ha bloqueado la gestión gubernamental, a no ser las dificultades para la reforma tributaria y el presupuesto, cuestiones ambas que en cualquier democracia tienen que ser transadas no solo con los legisladores, sino también con los diversos sectores sociales.
Es considerable el listado de las iniciativas gubernamentales aprobadas por el actual Congreso, presentado en el comunicado publicado el jueves 19 por el Senado que acababa de aprobar las renegociaciones de la deuda con el Club de París y el Club de Londres y bonos por 300 millones de dólares.
Extremar la confrontación podría incentivar los temores a una centralización de los poderes del Estado en un solo partido, que ya creó muchas incertidumbres en el pasado período gubernamental y fue responsable del voto adverso cosechado por los perredeistas. Si la mayoría congresional en manos de la oposición puede ser tiránica, mucho más si está acompañada del control del Poder Ejecutivo. El mismo presidente Fernández señaló algunos de los excesos que comportó esa situación bajo el régimen perredeísta, como por ejemplo la mezquina reforma constitucional que la gran mayoría de la sociedad desaprobó antes y después de realizada, sobre todo con el contundente rechazo a la reelección del presidente Hipólito Mejía.
Lo que corresponde al gobierno, en vez de incentivar la confrontación, es tomar la iniciativa para buscar una distensión con los partidos de oposición que posibilite la aprobación del presupuesto y evite que se entre a la campaña electoral en un ambiente de tanta crispación.
El presupuesto parece ser fundamental en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como ya han advertido representantes de ese organismo y del Banco Interamericano de Desarrollo. Los perjuicios podrían ser mayores que la ventaja de manejar el gobierno con el mismo presupuesto del año pasado.
Una campaña electoral en ambiente de confrontación, degeneraría en violencia y devolvería el país a las incertidumbres de la campaña electoral del 2004, que contribuyeron a la desestabilización macroeconómica y a la desconfianza en la gestión gubernamental.-
