La nueva litis isleña, motorizada por la eficiente y siempre atenta diplomacia haitiana, a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) para regularizar la presencia de ilegales en el territorio oriental de la isla, le ha permitido a los dominicanos conocer que poseemos un servicio exterior inoperante y lleno de botellas.

Y el presidente Medina entendió la realidad de su Cancillería, que no le ha permitido tomar velas en este entierro de las nacionalidades, por su carencia de mentes trabajadoras e inteligentes, capaces de lidiar con la diplomacia haitiana, y prefirió entregarle la responsabilidad de defender al país a funcionarios muy competentes de su entorno palaciego, relegando a la Cancillería a un último plano en un simple papel informativo.

La opaca e inexistente actuación de la Cancillería y del servicio exterior, se libra de la vergüenza por la responsable actitud asumida por los embajadores dominicanos en Madrid, Londres, Méjico y Washington, que sin esperar instrucciones desde Santo Domingo, salvaron el nombre del país y le dieron la cara a los que vituperaban y humillaban al país con sus irracionales comentarios de los que nunca han leído la sentencia, que por su extensión de casi 200 folios, se le hace difícil a cualquier mortal interpretarla correctamente.

El país, gracias al empuje del laborantismo haitiano en todas las cancillerías de sus países amigos, desde las pequeñas islas caribeñas hasta los grandes como Estados Unidos y Canada, fue colocado con la espalda contra la pared, hasta que la activa presencia de los funcionarios palaciegos, con el poder de la verdad en las manos, han logrado frenar ese descrédito, obligando al gobierno haitiano cambiar aparentemente su actitud agresiva para buscar la conciliación y el entendimiento mediante el diálogo, tal como acordaron el ministro de la Presidencia dominicana y el canciller haitiano el pasado viernes 22.

Los haitianos, a partir de la muerte de Trujillo, se consideraron liberados de su principal Némesis, y conociendo la casi siempre ineficaz diplomacia criolla, buscaron por todos los medios en los escenarios de la diplomacia mundial sacudirse de sus temores a los dominicanos, para denunciarnos. Ellos moderaron sus ataques durante las administraciones del doctor Joaquín Balaguer, y con las administraciones del PLD se envalentonaron al ver tantas deficiencias y corrupciones en la diplomacia criolla, pese a conocer de todas las ayudas que nuestro país le ha brindado, desde la masiva asistencia después del terremoto de enero del 2010, pasando por la universidad de Cabo Haitiano hasta la preparación de viveros para proporcionar las plantas para un gran plan de reforestación de grandes extensiones del desertificado territorio haitiano.

Ese acuerdo bilateral dominico-haitiano del pasado viernes 22, desarticula y desarma la presencia de la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en papel de vengadores justicieros quieren obligar al país que claudique su soberanía para plegarse a los que, por hipócrita simpatía hacia la negritud de Haití, pretenden buscarle un bajadero que obvie la sentencia 168-13 y que el país abra su frontera, ya de por sí abierta sin control y continuar la masiva penetración de una masa humana que busca la supervivencia que no existe en su devastado territorio, donde solo les aguarda el deterioro físico y la muerte.

Este nuevo conflicto dominico haitiano, ha servido para desnudar frente al país la ineficaz diplomacia criolla que su Ministerio se ha convertido, desde hace años, en un depósito de botellas con un exceso de personal que recibe sueldos sin llevar a cabo ninguna labor en beneficio del país, ni siquiera pueden presentarse en los países donde supuestamente fueron nombrados, por exceder la cuota del personal diplomático permitido, no mas para pagar favores y lealtades políticas a los reformistas y de núcleos del PLD, que durante varios años han disfrutado de agradables retribuciones, sin aportarle nada al país. Tanto es así, que el presidente Medina tuvo que recurrir en esta crisis isleña a sus leales colaboradores del Palacio para dirigir la acción de defensa del derecho del pueblo dominicano a preservar su soberanía e integridad territorial.