República Dominicana se encuentra ante un desafío contra el reloj para  lograr un control sobre la des- bordante inmigración de la mano de obra haitiana manifiesta en distintas áreas del quehacer nacional. Los dominicanos que en estos días  tienen oportunidad de vacacionar en zonas turísticas del Este, como Bávaro, regresan de allí abrumados por comprobar la masiva presencia de operarios de procedencia haitiana, desde el “motoconcho”  hasta las más diversas ventas al aire libre, pasando por  la construcción (ni se diga) y los  servicios hoteleros. Es ostensible que se trata mayormente de personas que ingresan al país  sin la documentación de ley. Paralelamente, en Santo Domingo  es creciente  la presencia  de  inmigrantes   en los servicios domésticos y porterías de edificios.

    El derecho a emigrar debe respetarse pero ningún país   puede ser vituperado por colocar    restricciones  que eviten  que  el  número de extranjeros  que recibe  sobrepase  la  capacidad de acogerlos  causando una presión trastornadora  sobre  infraestructuras de servicios y  el mercado laboral. El acceso de extranjeros  debe ceñirse a las  cuotas  que fija la ley  a su participación en la vida productiva. La facilidad que ofrece el Gobierno para que Haití  documente a sus súbditos en el territorio nacional como paso previo para  obtener  visas, viene al caso. Pero  el tiempo apremia y debe pasarse de la palabra a los hechos.  El problema crece y  pronto  se haría más difícil resolverlo.

Los atrasos que aumentan costos

Pagarles a las compañías de generación eléctrica es ineludible. No hay forma de escapar  a tales acreencias. Pero demorarse en hacerlo aumenta considerablemente el volumen  de la carga. La CDEEE  es penalizada con altos intereses por mora, al tiempo  que los apagones financieros  obligan al uso de plantas de emergencia cuya operación  es más costosa para la economía   que la del  sistema.  La obsolescencia  del parque eléctrico  y  los contratos que protegen a los generadores son una desgracia para el país

 Pero sus efectos  serían  menos perjudiciales si el Estado liquida  cuentas por generación con regularidad en lo que desarrolla mejores  fuentes de energía. Este  Gobierno tiene un sentido de austeridad que con toda seguridad ha aumentado su capacidad de maniobras con los gastos  . Además su solvencia ante organismos internacionales y el mercado financiero le permitirían hacer un esfuerzo  para reducir el  fiado energético.