El gobierno dominicano se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a garantizar la estabilidad económica y a continuar  las reformas estructurales que garanticen un crecimiento sostenido de la economía, un aumento del empleo y una reducción de la pobreza y la desigualdad.

En una “carta de políticas del gobierno dominicano al Fondo Monetario Internacional, para un acuerdo de monitoreo”, remitida al directorio de ese organismo por el equipo económico, promete un ajuste de 2.5% del producto, al  reconocer la necesidad de ejecutar un programa fiscal que permita aplicar una política monetaria menos restrictiva.

 Asegura que el presupuesto para este año  está en consonancia con un déficit del sector público no financiero de 1.7% del PIB, menor en 1.3% al  de 2008. También promete mejoría en la calidad del gasto, mediante una mejor focalización de los subsidios.

En la carta, firmada por los secretarios de  Hacienda y Planificación y Desarrollo, y el gobernador del Banco Central, Vicente Bengoa, Temístocles Montás y Héctor Valdez pronostican para este año   un crecimiento del PIB de 3%, una tasa de inflación de entre 6 a 7%, la reducción del déficit en la cuenta corriente de 6% del PIB, por la reducción en los precios del petróleo y la reducción de las importaciones.

Estiman que la cuenta corriente estará  financiada por mayores desembolsos de préstamos multilaterales y bilaterales por 1,400 millones de dólares.

Otro compromiso asumido es el  mantener y fortalecer la vigilancia a la banca  con modificaciones a la Ley Monetaria y Financiera.

Dudas razonables.  Con el acuerdo de monitoreo, el gobierno busca restablecer la confianza de los actores económico en la economía dominicana. Sin embargo, algunos economistas dudan de que los compromisos asumidos logren el objetivo.

Es el caso de Alfonso Abreu Collado y de Guillermo Caram, quienes no creen que el acuerdo ponga al país en condiciones de afrontar las amenazas a su economía.

Para Caram, en “un acuerdo de vigilancia que no implica desembolsos de recursos, las metas no son muy comprometedoras, por lo que la superación de las amenazas a nuestra economía debe depender de una decisión endógena, de las autoridades dominicanas, sobre las grandes amenazas que penden sobre nuestra economía”.

En un análisis detallado de la Carta del gobierno al FMI, el economista Abreu collado critica el análisis de las circunstancias que afectaron a la economía dominicana en el 2008, y los compromisos y expectativas planteados para este año.

A continuación el texto del análisis de Abreu Collado:

En la llamada “Carta de políticas del gobierno dominicano al FMI para acuerdo de monitoreo”, de fecha 7 de enero del 2009, se empieza haciendo una descripción de la forma en que los choques de origen externo e interno impactaron la economía dominicana durante el año 2008; y, aunque se menciona que al mismo tiempo se verificó un crecimiento importante de la demanda interna pública y privada, que generó presiones sobre los precios internos y sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, no se hace referencia al hecho incontrovertible de que una parte sustancial de ese incremento en la demanda y en los precios internos tuvo su origen en el desbordamiento del gasto público ocurrido durante el primer semestre del año, como consecuencia, fundamentalmente, del uso de los recursos públicos para abonar la campaña electoral a través de un mayúsculo clientelismo.

Ese descontrol del gasto público contribuyó al agravamiento del déficit del sector público no financiero que, en su carta al FMI, las propias autoridades económicas del gobierno sitúan en un 3.0% del PIB en el año 2008, sin tomar en consideración los múltiples atrasos con diversos suplidores del estado, que de agregarse a la ecuación podría elevar el señalado déficit a un monto cercano al 5.0% del PIB. Esto, sin olvidar que no se está tomando en consideración el déficit cuasifiscal, ocasionado por los fraudes bancarios descubiertos en el 2003, el cual tiene un costo financiero anual de unos RD$26,000 millones.

En otra parte de la carta se plantea como elemento importante que, a pesar del entorno externo adverso, la posición de las reservas internacionales brutas del Banco Central sigue fortalecida porque las mismas cubren más del 100 por ciento de la deuda pública a corto plazo.

En ese sentido cabe señalar que la posición de reservas internacionales, más que con la deuda pública de corto plazo, debe relacionarse con nuestra capacidad de importación de corto plazo, pues el pago de la deuda pública depende, más bien, de la capacidad del gobierno para generar superávit en las cuentas fiscales que le permitan cubrir sus compromisos de deudas sin tener que recurrir a nuevos endeudamientos, como está ocurriendo en la actualidad; y, lo que no se dice, en este aspecto, es que durante el año 2008, el Banco Central, en aras de mantener la estabilidad macroeconomía, tuvo que vender parte de sus reservas de divisas con el fin de reducir el medio circulante para contrarestar el excesivo gasto del gobierno, contrayendo el gasto privado a través de una sustancial elevación de las tasas de interés. Hasta el punto que, durante el año 2008,  el sistema bancario en su conjunto experimentó una disminución superior a mil millones de dólares (US$1,000.00) en sus disponibilidades con relación al 2007.

Al referirse al panorama macroeconómico para 2009, la carta que nos ocupa reconoce que habrá una desaceleración del crecimiento, estimando el mismo en un 3.0% del PIB. Lo que nos parece dificil es que, en el contexto de la economía internacional actual, ese nivel de crecimiento pueda lograrse con un déficit de cuenta corriente inferior al 6% del PIB, como se plantea, si tomamos en consideración que en el 2008 dicho déficit superó el 10% del PIB, y que, además, no existe ninguna certeza de que los precios del petróleo se mantendrán a los niveles actuales durante todo el año 2009.

La referida carta expresa que el gobierno reconoce la necesidad de un programa fiscal realista y que se propone generar el “espacio fiscal” que permita una política monetaria menos restrictiva. En este aspecto, debe apuntarse que si nos basamos en el Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos elaborado por el Gobierno para el año 2009 y recientemente aprobado por el Congreso Nacional, tenemos que llegar a la conclusión de que no se está mandando una señal de austeridad fiscal sino todo lo contrario. Esto así, porque dicho presupuesto fue elaborado con una brecha financiera de RD$77,000 millones, de la cual sólo dos tercios de sus fuentes de financiamiento internas y externas están identificadas, quedando al descubierto más de 25,000 millones que no se específica de dónde saldrán. Vale decir que lejos de ajustarse en sus gastos, el gobierno se propone seguir en el 2009 sustentando una parte sustancial de sus compromisos con nuevos endeudamientos, cuyos costos financieros resultan dificil de predecir en la actual coyuntura internacional.

En relación con el déficit del sector público, resulta lamentable que en la referida carta al FMI no se haga referencia alguna a compromisos de orden institucional, como lo sería, por citar sólo un caso, que el Gobierno se comprometa, de una vez por todas, a darle cumplimiento a la ley de Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado, la cual está siendo violada impunemente por la mayoría de las dependencias gubernamentales y cuya observancia estricta significaría ahorros sustanciales en la compra de bienes y servicios, al mismo tiempo que contribuiría a disminuir los alarmantes niveles de corrupción que estamos observando en el accionar público.

En suma, aunque la carta al FMI está concebida para llevar confianza a los agentes económicos en torno a las directrices gubernamentales, lo cierto es que, a mi juicio, se requieren señales más efectivas y contundentes, para restaurar la credibilidad perdida.