A finales del 2006 Guatemala y Naciones Unidas crearon la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), la cual preside el ex procurador colombiano Iván Velásquez Gómez. Su objetivo es reducir el crimen y la corrupción en ese país. Cuenta, entre otros, con el apoyo económico norteamericano.
Después de recibir una opinión de la Corte Constitucional guatemalteca en lo referente a si violaba o no la soberanía ya que implica una internacionalización de la lucha contra el crimen y la corrupción, y luego de la aprobación congresual, la comisión ya funcionando ha sido todo un éxito, a pesar de que los corruptos, escudándose como nacionalistas, la critican por representar una supuesta injerencia extranjera en la administración de la justicia local, lo que afectaría la soberanía. Hasta ha logrado la encarcelación del ex presidente Otto Pérez Molina y que la ex vicepresidente Roxana Baldetti, sea solicitada en extradición por Estados Unidos.
Cuando las investigaciones de la comisión se concentraron en el actual presidente Jimmy Morales, tratando de retirarle su inmunidad, este trató de expulsar a Iván Velásquez, lo cual fue impedido por la Corte Constitucional. También trató sin éxito que Naciones Unidas lo retirara. La reacción de campesinos, obreros y la clase media ha sido de apoyo total a la CICIG, como lo evidencian las marchas y otras manifestaciones públicas. La organización que originalmente era vista como una injerencia internacional en asuntos internos, hoy día es la más popular y respetada en Guatemala, gracias a que el crimen y la corrupción se han reducido.
Sin embargo, la mayoría de los congresistas, envueltos en la corrupción, votaron en contra de retirar la inmunidad al presidente, blindándolo, aunque, como resultado, este ha quedado muy débil, como también la economía guatemalteca.
¿Necesita la República Dominicana un CICIG? La reciente declaración de nuestro procurador, ante la reducción de las medidas de coerción a favor de dos de los imputados por corrupción ligada a Odebrecht, en el sentido de que se trata de “una crónica de una muerte anunciada”, es indicativa de las muy pocas posibilidades de condena de los acusados por esa corrupción, en contraste con otros países donde ya hay condenados.
Y es que se trata de una lucha entre la justicia y PLD, Inc., una organización corporativa con capacidad para evitar la condena de cualquiera de sus ejecutivos. Consecuentemente, solo una presencia internacional podría lograr que se haga justicia. Los casos de los tucanos y de Odebrecht se hicieron públicos precisamente desde el extranjero y no debido a investigaciones locales. Las arcas del PLD como partido se nutren de los fondos de la corrupción, como también ocurrió con el PRD entre el 2000 y el 2004. Pero el PLD está dividido entre los que quieren que Leonel Fernández, como Buenaventura Báez, vuelva otra vez más a la presidencia y los que quieren que lo haga Danilo Medina, quien podría optar por indicar su sucesor y así no tener que modificar la Constitución.
Si el presidente Danilo Medina actuase como estadista y sin ambiciones reeleccionistas, si hiciese “lo que nunca se ha hecho” y creara una CICIG (en Honduras existe un organismo parecido, pero auspiciado por la OEA), lograría debilitar el ala de su partido que encabeza Leonel Fernández, más ligado a la corrupción, y fortalecería al candidato que auspicie Medina. Pero, hay que reconocer que, al igual que en Guatemala, también podría afectar su propio mandato.
Si Medina solo actúa como político dejaría al PLD, Inc. intacto y así lamentablemente pasaría a la historia.
Sin una CICIG no habría justicia en el país, a pesar de los cambios que han tenido lugar en las cúspides de nuestras cortes. El mismo juez que ordenó cárcel como coerción contra Díaz Rúa y Rondón es el mismo que ahora redujo la coerción al sustituir encarcelamiento por fianza judicial. ¿Por qué cambió de parecer ese juez?
El crimen también se reduciría con una CICIG dominicana, pues esta actuaría en contra de militares y policías corruptos ligados al narcotráfico.