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EL CAIRO. AFP. Una comisión debía pronunciarse este domingo sobre los artículos relacionados con los poderes del ejército en la futura Constitución egipcia, cuya adopción abrirá la vía a la transición democrática prometida por los militares tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi.
Al día siguiente de la adopción por amplia mayoría de los 138 primeros artículos de la Constitución (de 247), los miembros de este comité de 50 personalidades encargadas de la revisión de la Ley fundamental deberían, salvo sorpresa, votar a favor de artículos que mantendrán los privilegios del ejército que instaló a las autoridades interinas tras haber derrocado el 3 de julio al presidente islamista y haberlo detenido.
Se debaten en particular tres artículos, de los cuales el más polémico es el artículo 204 que autoriza a los militares a juzgar a los civiles «en caso de ataque directo a las fuerzas armadas».
El final de los juicios de los civiles ante los tribunales militares centraba las reivindicaciones de la revuelta de 2011, que provocó la caída del presidente Hosni Mubarak.
Los defensores de los derechos humanos denuncian el mantenimiento de esta medida, sacada de las constituciones anteriores, y temen que el «ataque directo» mencionado en el artículo sea interpretado por los jueces en su sentido más amplio y abra la vía a numerosos procesamientos.
Pero para Mahmud Badr, representante del movimiento Tamarod, al origen de las multitudinarias manifestaciones de finales de junio contra Mursi y favorable a las nuevas autoridades, «la formulación actual limita los juicios militares de civiles».
Desde el 3 de julio, tres periodistas han sido condenados a penas de cárcel por tribunales de este tipo, y en torno a 60 miembros de los Hermanos Musulmanes, el movimiento de Mursi blanco de una represión implacable, fueron condenados a fuertes penas, incluido uno a cadena perpetua, por jueces militares.
Presupuesto militar protegido. En la futura Constitución, el ejército se reserva otros privilegios: su presupuesto sigue estando protegido de todo control civil, el único habilitado para negociarlo es el Consejo Nacional de Defensa, que incluye a 14 miembros, entre ellos ocho militares, el ministro del Interior y responsables gubernamentales.
En cuanto al ministro de Defensa, durante los dos mandatos presidencial por venir -es decir ocho años- podrá ser nombrado sólo en acuerdo con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), según el texto que debe ser votado el domingo.
El actual ministro de Defensa, el general Abdel Fatah al Sisi, jefe del ejército y vice primer ministro, es el verdadero hombre fuerte del país en el que la represión de los partidarios de los Hermanos Musulmanes, que habían ganado las legislativas a finales de 2011, ha dejado desde mediados de agosto más de un millar de muertos.
La adopción de estos artículos hace temer una eventual movilización de los militantes, después de que decenas de ellos fueran detenidos el martes por haberse manifestado en contra del artículo 204. Una nueva ley prohíbe toda concentración no autorizada por el ministerio del Interior.
Dos figuras claves de los movimientos laicos de la juventud han sufrido los efectos de esta ley: Ala Abdel Fata ha sido detenido, acusado de haber organizado esta concentración contra los juicios militares de civiles, y Ahmed Maher, fundador del movimiento 6-Abril, en cabeza de la revuelta contra Mubarak, se entregó a la justicia por una manifestación en la que se denunciaba la muerte de manifestantes durante los desfiles de finales de 2011 contra el CSFA.
Una vez que todos los artículos hayan sido adoptados, por voto electrónico, el texto final será entregado al presidente interino, Adly Mansur.
Este último tendrá un mes para anunciar un referéndum, según los términos de la hoja de ruta establecida por el ejército para enmarcar la transición post-Mursi que debe desembocar en el verano de 2014 en elecciones legislativas y luego presidenciales. Según Amr Musa, presidente del comité, la votación finalizará el domingo.
