Tras el asueto de la Semana Santa próximo, al país político le espera una dura prueba: superar el intento de establecer una reforma constitucional que es más bien una regresión institucional total sin precedentes, que atenta flagrantemente contra los tímidos avances alcanzadas después de 50 años de luchas por la democracia.

En efecto,  la Constitución trujillista, varias veces enmendadas durante los 31 años de la Dictadura, la última de las cuales fue en 1959, se sustituiría por un documento despótico y retrogrado, aunque  disimulado tras un lustre vanguardista que repite una  y otra vez algunos derechos, pero que en la práctica restringe su aplicación a la voluntad del Presidente, quien por razones partidarias controla el Senado de la República y preside un Consejo Nacional de la Magistratura que se convertiría con el Proyecto en curso en la verdadera cabeza del Poder Judicial.

La realidad es que el proyecto de reforma de Leonel Fernández es un  verdadero atentado contra el principio de soberanía nacional, en contra de la  voluntad popular y contra la separación de los poderes del Estado.

Como bien insisten los recursos de amparo y de inconstitucionalidad contra la Ley de Contraloría impetrada por los juristas Luís Gómez Pérez, Luis Schéker Ortíz, Lic. Amín Martínez y  Lic. Sergio Pérez Amaro, se trata de una usurpación de funciones la que comete la Asamblea Nacional como Poder Constituido de legisladores adjetivos, al atribuirse funciones que solo  corresponden al Poder Constituyente elegido por voto popular, que es de rango superior por ser el originario, como corresponde a una nueva Constitución, que es la especie de que se trata.

Como bien destaca Schéker Ortiz en su  artículo sobre el  tema aparecido el pasado miércoles 8 de abril en este periódico, el Poder Constituyente emana del derecho natural de la Nación, que no puede ser constituido por legisladores simples, sino a lo sumo para  reformas puntuales para enfrentar problemas coyunturales  del Estado, ya que de lo contrario podrían también prolongarse indefinidamente en sus curules o declarar al Presidente “a vie” a la usanza haitiana.

Lo que reniegan de su militancia liberal para asumir los intereses del despotismo que se quiere enraizar en el país, no lo hacen por error o  ignorancia, sino por intereses espúreos que más temprano que tarde serán los   primeros en repudiar, al terminar este sainete político cuando ya el mal hecho sea casi irreparable.

De todas maneras, el crimen de lesa patria que supone el secuestro de la voluntad popular no merece otra cosa que  un juicio político, aunque haya que postergarlo para cuando se den las condiciones  para que el pueblo se exprese plenamente en un futuro  no lejano.