Aunque las operaciones y la comercialización siempre ha estado en manos privadas, por su naturaleza y serias implicaciones, todo lo relativo al manejo y distribución de los combustibles envuelve, innegablemente, una cuestión de seguridad nacional que el Estado tiene que garantizar.

De ahí que el Gobierno central y todas sus dependencias, especialmente el Ministerio de Industria y Comercio y las autoridades en general no pueden permitir, bajo ninguna circunstancia, que tan importante servicio se vea obstruido o boicoteado de forma deliberada.

Ante la amenaza que se cierne sobre el país por la convocatoria del Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores del Petróleo y sus Afines a un paro nacional para el martes 1 de julio, no se explica el por qué de la inacción oficial ante un inminente hecho de tal gravedad.

¿Quién responderá ante la sociedad dominicana si por esa paralización se produce un desabastecimiento de combustibles y, por ejemplo, las emergencias del 911 se ven entorpecidas, con el riesgo de que alguna vida en peligro se pierda por falta de asistencia oportuna?

¿Qué se le explicaría a una familia si por ese motivo una ambulancia se queda a mitad de camino y no puede llegar a tiempo para socorrer a una persona en situación de riesgo por un accidente o una afección de salud repentina?

¿Qué pasaría si por la misma circunstancia las brigadas que luchan contra el avance delictivo y el narcotráfico no pueden movilizarse con la rapidez que amerita esta complicada tarea, de alto interés nacional, para frenar la expansión del crimen organizado?

¿Cómo se podría justificar, de forma razonable y convincente, que por no evitar ese festinado paro, alguna unidad de los bomberos no puede atender con la prontitud requerida el llamado de un sector por un incendio que amerita combatir un fuego y salvar vidas?

Se trata de posibles situaciones que a diario ocurren y que ameritan efectividad y prontitud de respuesta, con el inconveniente que, además de los problemas rutinarios que se enfrentan en cuanto a logística y operatividad, ahora se verían expuestos a un mayor desafío. Para advertir este serio riesgo no hay que ser un especialista en la materia; basta ser un simple observador de detalles y experiencias de la vida cotidiana.

Los transportistas de combustibles tienen derecho a exponer sus quejas y reclamar reivindicaciones laborales, pero dentro de un marco en que no paralicen un servicio que es vital para el desarrollo de las actividades productividad y la seguridad que las autoridades están en la obligación de garantizar por mandato de la Constitución.

El hecho de que sea un conflicto con las grandes empresas distribuidoras que se arrastra desde hace años, torna difícil la búsqueda de una solución o un acuerdo que satisfaga a las partes enfrentadas, sobre todo por el hecho de que negociaciones y planteamientos están pendientes de un fallo en los tribunales.

Para la propia justicia, un dictamen justo y que garantice una solución definitiva, o cuando menos duradera, resulta bastante complicado, por no decir imposible, en vista de que para negociar pactos colectivos cada empresa tiene una condición particular en la que influyen volúmenes transportados, esquemas de salarios y otros factores a tomar en cuenta que pueden ser objeto de discusión.

Aún así, los tribunales tienen como pauta y base para ventilar esas diferencias -además de escuchar los argumentos de cada una de las partes- lo que disponen con precisión las leyes laborales vigentes. Todo esto a sabiendas que las decisiones que emanen de la Justicia tienen que ser acatadas y solo opuestas por las vías legales pertinentes y por el uso de la razón, no a través de paros ni de medidas de acción directa que violentan el derecho de los demás a vivir en paz y sin entorpecimientos producto de conflictos de intereses particulares.