Insistir en la penalización de la interrupción del embarazo con fines terapéuticos ha sido una decisión retrógrada de parte del Congreso. El rechazo de las observaciones del Poder Ejecutivo al nuevo Código Penal, que con buen juicio proponía un escenario en el cual la cesación de la preñez pudiera ser permitida, es una negación al derecho a la vida de la madre que se vea en circunstancias de riesgo mortal. Es una condena a muerte plasmada en una ley concebida para protección de los derechos.
La defensa de la posibilidad de interrumpir el embarazo en circunstancias especiales ha sido estigmatizada desde un punto de vista dominado por el dogma. Esa defensa no es la expresión del deseo de matar a la criatura, sino una defensa al derecho que tiene la madre a sobrevivir a las causas ajenas a su voluntad que conviertan la gestación en amenaza ostensible para su vida. Hablamos de un derecho que existe desde mucho antes de la condición de embarazo.
Con esta decisión desafortunada se le está prohibiendo al médico dar el paso salvador de la vida de una madre que se encuentre en riesgo de muerte, y a la vez se le niega a la madre la soberanía que debe tener para decidir interrumpir un embarazo fruto de una violación, incesto o cualquier otra vía infamante. Hemos consignado una sentencia de muerte en un código concebido para proteger la vida.

Buenos indicios en materia fiscal

La autoridad fiscal ha puesto en evidencia que es necesario tapar las brechas de evasión y mejorar las recaudaciones de las cargas que ya existen antes de pretender una reforma fiscal profunda. Y a juzgar por las informaciones que ha dado el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, se trabaja y se invierte en la eficiencia recaudadora sin alteración del sistema tributario vigente. Estas medidas, sumadas a una revisión del gasto tributario representado por las exenciones que no tienen razón de ser, permitirían apuntalar la captación de recursos.
La evasión no sólo priva al Estado de sus ingresos naturales, sino que además alimenta una competencia desleal en perjuicio de quienes pagan sus tributos. De todos modos, una reforma fiscal de amplio alcance sigue siendo una materia pendiente e ineludible.