Se reputa que la democracia es la antítesis del privilegio y, por lógica, el símbolo de la equidad. A partir de esta condición se establece que la democracia, como antítesis de los privilegios en materia de ejercicio político jamás debe propiciar situaciones que se constituyan en ventaja para unos en perjuicio de los derechos de los demás.

En el ejercicio político, debe ser la preferencia del electorado la que determine las oportunidades de acceso al poder por parte de las organizaciones que sirven como pilares de sustentación de la democracia.

Pero en nuestro país estos argumentos son letra muerta y es nada menos que la democracia, a través de las instituciones que la administran, la que establece los privilegios y las ventajas de unos sobre los otros.

Está bien que un partido político ostente la cuota de poder que le otorga el electorado y que ello le permita administrar recursos del Estado, pero es un pecado contra la esencia de la democracia que el Estado financie las campañas electorales de unos partidos y los coloque en posición de ventaja, privilegiados ante los otros.

El doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), ha alertado sobre lo que define como peligro a la vista de que los fondos públicos que reciben los partidos políticos sean utilizados para pagar salarios y dietas de los dirigentes que reciben y administran los fondos asignados por el Estado.

Pero ese peligro a la vista no sólo es grave por el posible destino que se le dé a los fondos que suple el erario, sino fundamentalmente porque la asignación de fondos públicos para financiar campañas políticas es privilegio que le otorga la democracia a unos pocos partidos, privilegio que es esencialmente antidemocrático.

La financiación de las campañas partidarias con fondos públicos no se justifica de ninguna manera, ni siquiera bajo el argumento o pretexto de que con ello se trata de disminuir el riesgo de que estas organizaciones acepten o procuren recursos de fuentes no pulcras.

Aparte de que este privilegio no elimina el riesgo de que dinero sucio vaya a parar a los partidos, en el remoto caso de que lo eliminara lo haría solo en aquellos partidos que reciben fondos públicos, pues los discriminados siempre quedarían a merced de las ofertas insanas.

El alerta dado por el presidente de la JCE en cuanto al riesgo de que los partidos a los que se provee de dinero del fisco lo utilicen para cubrir sueldos y dietas de sus dirigentes es una admisión muy clara de que no son efectivos los medios para fiscalizar qué se hace en los partidos con los fondos que les asigna el erario, que no hay manera de saber cómo invierten este privilegio.

Lo primero que se desprende de todo esto es la necesidad de que se elimine el privilegio de financiar a algunos partidos, que se establezcan controles y pautas sobre las campañas electorales y el acceso igualitario de todos a las facilidades comunes que puede proveer el Estado.

La democracia es el culto a la igualdad de oportunidades. Solo la preferencia del electorado expresada a través del voto está facultada para otorgar ventajas que, por su esencia, no son privilegios comparables a la financiación, sino el premio y reconocimiento de las capacidades y liderazgos de las organizaciones y sus candidatos, escrutadas en igualdad de condiciones.