A pesar de que vivimos la era de la revolución de los medios de información, la manifestación de la intolerancia en sus diversas formas: política, religiosa, cultural etcétera, lejos de atenuarse, parece acentuarse en todo el mundo. En el caso particular de la sociedad dominicana, de precaria tradición democrática, no logramos encontrar la forma de establecer reglas de convivencia basada en el respecto a las opiniones ajenas.

La intolerancia es la respuesta a la crítica y a la no aceptación de una determinada forma de poder basado en principios absolutos, sean estos políticos, morales o religiosos. Algunos estudiosos dicen que la frustración, la sensación de vacío o de abandono, de miedo al o a lo desconocido, determinan el fomento de actitudes de intolerancia colectiva.

Los regímenes autoritarios y los grupos con vocación absolutista, tienden a construir un clima de intolerancia, basado en un sistema de propaganda y de información esencialmente manipuladoras de la verdad y en la destrucción moral y/o física de sus oponentes, a quienes no los ve como adversarios sino como enemigos.  Estos regímenes terminan en una generalizada corrupción del cuerpo de funcionarios, tanto del gobierno como del partido o movimiento que los sostienen.

Esa corrupción no sólo se expresa en la prevaricación, en el robo de los dineros públicos, sino en la estructuración de un cuerpo de intelectuales pagados, a través de los cuales se crea el consenso o aceptación del sistema de dominación. No todo intelectual que defiende un determinado poder lo hace por interés, algunos lo hacen por vocación, pero generalmente es con todos ellos que se construye la  guardia pretoriana defensora del poder.

En nuestro caso, conscientes los unos e inconscientes los otros, crean un clima de intolerancia de tal nivel de irracionalidad y perversión que los lleva no aceptarle a otros lo que ellos hacen a diario: expresar sus opiniones o preferencias políticas. Para ellos, quien en sentido general desaprueba las ejecutorias del presente gobierno es estigmatizado de perredeísta o se les exige una declaración de adscripción al PRD; quienes no obtemperan, porque sólo son militantes de sus propias ideas, se les aplica la ley del el linchamiento moral, como tratan de hacer con Juan Bolívar Díaz y otros comunicadores que no bajan la cerviz ni el tono de sus voces críticas.

La neutralidad químicamente pura no existe, todos tenemos nuestras simpatías, pero éstas tienen sus gradaciones y límites y cada quien las expresa de acuerdo a esas condicionantes, pero los comunicadores del gobierno, orgánicos o no, no toleran esas gradaciones, no conciben que alguien sea vocero su propia convicción. Esa actitud no es privativa de esos comunicadores, ésta existe en todos los sectores políticos y sociales del país, que no aceptan la regla de oro de la democracia: el respeto de las mayorías a las minorías y viceversa.

Aquí, el que pierde arrebata o monta su tienda aparte, quizás por eso es que somos la sociedad civil de la región con mayor nivel de asociacionismo, pero posiblemente con mayor nivel de fragmentación y de menor nivel de incidencia en la vida política.

Eso estaría indicando que tenemos una democracia enferma, enferma de intolerancia.