Los economistas y especialistas en administración deberían dedicar esfuerzos a calcular siquiera aproximadamente el costo que ha tenido para los dominicanos y dominicanas el último proceso electoral. Si lo hicieran se reafirmaría el criterio de que tenemos una democracia insoportablemente cara, además de frágil y primitiva.

En uno de sus informes de la observación del pasado proceso electoral, el movimiento cívico Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros de mediciones internacionales, sostuvo que las elecciones dominicanas son las más costosas de América Latina y de las más caras del mundo. Estimando los gastos de la organización electoral, desde el año anterior más el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, concluyó que los comicios salieron a razón de 30.4 dólares por elector.

Esa cifra es desproporcionadamente alta si se compara con los casos de

Chile y Costa Rica, donde el costo es de 1.3 y 1.8 dólares por elector, o aún con los 2.3 dólares que le cuesta a cada brasileño. En México el diario El Universal publicó el 3 de julio que las elecciones presidenciales de este año salieron a 118 pesos mexicanos por elector, que a la tasa actual de 12.99 por dólar, equivalen a 9 dólares, menos de la tercera parte del costo dominicano. Si se quiere comparar con países más parecidos a la República Dominicana verifiquemos los 4.1 y 3.7 dólares por elector que cuestan las elecciones en El Salvador y Paraguay. No cabe duda que en este renglón negativo también lideramos, sino en el mundo como en la corrupción, por lo menos en América Latina.

Participación Ciudadana no incluyó en su cálculo el déficit de 700 millones de pesos en que incurrió una ostentosa Junta Central Electoral que regaló computadoras de última generación a los observadores internacionales. Aún así el costo real es mucho mayor si se suman los aportes privados a las campañas, de empresas y contribuyentes individuales, en dinero y especie, y el derivado del asalto político al Estado, en sus múltiples formas, de personal, dietas, vehículos, combustibles, pago clandestino de publicidad, en nominillas  y quién sabe cuántas marrullerías adicionales.

El otro costo, aún más descomunal, es el derivado del déficit fiscal, que en los comicios del 2008 y 2010 había sobrepasado los 50 mil millones de pesos, pero que en la primera mitad de este año por lo menos se duplicó. Sin contar con lo que ya había comenzado el año pasado.

Ese déficit fiscal ya lo han pagado los dominicanos en deficiencias de servicios. Y se seguirá pagando con nuevos gravámenes y ajustes de cinturones. Nunca sabremos por completo su soto total, ya que los gobernantes tienen un pacto de silencio sobre el particular, para proteger la buena fama del principal responsable de esa barbaridad, quien acaba de recibir en Canadá el título de Estadista del Año, entre otras razones por su “asombroso” manejo de la economía nacional, de parte de una fundación empresarial sostenida por agradecidas empresas con multimillonarios intereses en el país, como la Barrick Gold. 

De cualquier forma, siempre habrá algunas “indiscreciones”, por lo que sabemos que el déficit del sector eléctrico estatal es de 1,800 millones de dólares, unos modestos 72 mil millones de pesos. También que a los hospitales de los pobres los dejaron tres y cuatro meses sin recibir su presupuesto,  que Salud Pública debe mil millones de pesos, que a Promese para medicinas populares les deben 600 millones de pesos, que la Procuraduría General le retuvieron 282 millones del subsidio a las cárceles, que a los contratistas del Metro les deben 500 millones de pesos y que la OPREP no tiene ni con que tapar las filtraciones de esa monumental obra.

¿Cuándo le pondremos límites a este primitivismo político, a esta burla a la ley de presupuesto, a estos despojos?  ¿Cuándo sancionaremos el delito político? ¿Cuándo dejaremos de ver como “normal” que quienes administren el Estado puedan disponer a su antojo del patrimonio nacional?

Son preguntas que laceran el alma de cualquiera y dejan un gran desafío a todos los que sueñan con una nación civilizada, democrática e insertada en la globalidad y la modernidad de que tanto nos hablan nuestros líderes políticos.-