Cuando representantes de distintos sectores sociales, políticos y económicos del país buscaban, junto al gobierno del Presidente Balaguer, una solución a la gravísima crisis económico-social de 1990, algunos dirigentes empresariales y economistas propusieron que la reforma fiscal se hiciera por decretos.

Con esta proposición se buscaba rehuir los debates legislativos, la Apérdida de tiempo@ y la presión de los sectores concernidos con la reforma que se planteaba. En ese momento la sugerencia fue echada de lado, pero ya sabemos que poco tiempo después el jefe del Estado prefirió la vía de los decretos para poner en marcha los cambios fiscales.

Cuando Alberto Fujimori ganó las elecciones peruanas y derrotó al afamado novelista Mario Vargas Llosa, lo hizo con promesas que se inscribían dentro de la democracia. Sin embargo, El Chinito inauguró en América Latina la oleada de desconocimientos del papel del Congreso Nacional, en unos casos, y la disolución, en otros.

Fujimori argumentaba que desde el Poder Legislativo no se colaboraba con el gobierno, con los planes de desarrollo y con las medidas necesarias para impulsar la solución de los problemas. Por el contrario, se entorpecía, se creaban demoras innecesarias, se politizaban todas las situaciones y proyectos legislativos, se trabajaba a favor de grupos de intereses y se traficaba con ventas y compras de opiniones, iniciativas y votaciones.

En consecuencia, Fujimori disolvió el Congreso peruano e hizo elegir otro cuyos miembros respondieran a los intereses de su partido y de los partidos que endosaban su acción de gobierno. Derribó así lo que consideraba un gran obstáculo para el gobierno, pero en el fondo se trataba de quitar una barrera para sus planes de perpetuación en el poder.

Después vino Hugo Chávez, en Venezuela. Este antiguo coronel golpista llegó al poder con un extraordinario apoyo de los votantes venezolanos. Sin embargo, como no se sentía cómodo con los legisladores, quienes al parecer no eran anuentes a todas sus extravagancias, disolvió el Congreso.

Cuando un jefe de Estado es capaz de violentar las normas democráticas para disolver un Congreso y hacer que se elijan legisladores que comulguen con sus ideas, con su programa de gobierno y con sus ejecutorias, entonces está decidido a gobernar, de hecho, sin un Congreso genuino. Busca una formalidad congresional, no un organismo cuyos miembros representen de manera genuina los intereses de sus votantes; ni uno que canalice los puntos de vista de los distintos sectores sociales y económicos y que crea en aquellas sabias palabras salomónicas según las cuales en la multitud de consejeros hay sabiduría.

Pero no crea el lector que estos tres presidentes, el doctor Balaguer, el ingeniero Fujimori y el coronel Chávez, estaban solos. En América Latina ha habido una corriente política que atraviesa todos los sectores ciudadanos y partidos que estima innecesaria o no importante la existencia de un Congreso Nacional.

Ahora conocemos, como resultado de una amplia investigación sobre las prácticas democráticas en 18 países de América Latina y el Caribe, que el 38.2% de los ciudadanos y ciudadanas considera que puede haber democracia sin congreso nacional.

Más todavía: el 36% está de acuerdo con que el Presidente de la República deje de lado, es decir, que no le haga caso, al Congreso y a los partidos políticos.

Se trata, sin dudas, de hallazgos preocupantes que hablan de la escasa estima que cerca de un tercio de la población votante tiene por los legisladores y su función dentro de la democracia. Estos estados de opinión pública mueven a reflexión, pero a una reflexión seria que debe estar dirigida no solo a ratificar el diagnóstico sino a buscar su etiología con ánimo de corregir los elementos que llevan al electorado a asumir posturas como las comentadas.

El poder legislativo es una pieza importante dentro de la teoría de la democracia occidental. También lo es allí donde hay un desarrollo democrático adecuado y las instituciones cumplen sus funciones. Hay que subrayar que para muchos tratadistas este es el l principal poder del Estado.

Pero, )por qué tantos ciudadanos estiman que en estos países puede haber democracia sin Congreso o que el Presidente debe darle de lado al Congreso, o sea, a los congresistas?

La mayoría de las encuestas de opinión pública reflejan una percepción muy negativa de los legisladores y de su institución. También registran una baja credibilidad. Aquí en la República Dominicana el fenómeno es similar.

Los ciudadanos tienen la percepción de que los legisladores son políticos que trabajan poco, que prefieren el prebendalismo, que incurren en actos de corrupción y que trafican con las tareas legislativas. Además, que no consultan a sus electores y que no representan sus intereses.

Si no es así, entonces los miembros del Congreso Nacional tendrán que ocuparse de informar a sus votantes, de forma minuciosa y sistemática, las tareas que hacen y su importancia, y también consultarles sobre las cuestiones que les atañen, que son todas las que se conocen en el poder legislativo.

De lo contrario, la gente seguirá creyendo que para la democracia el Congreso es innecesario o, peor todavía, que se le puede mantener pero sin hacerle caso.