Hoy 
LEANDRO GUZMÁN
Con gran preocupación hemos leído en el periódico El Nacional del pasado jueves 15 del presente mes, las declaraciones del embajador de Venezuela, general Francisco Belisario Landis, en el sentido de que en la República Dominicana hay un plan destinado a obstaculizar la ejecución del programa Petrocaribe, que en estos momentos de crisis sin precedentes podría aliviar la pesada factura petrolera, que amenaza con acrecentar la pobreza de la mayoría de la población.
Si esto es así, estaríamos frente a una verdadera conspiración contra la estabilidad democrática y la paz social que tantos esfuerzos nos han costado durante los últimos 45 años, porque la denuncia del embajador de Venezuela se produce justo en momentos en que de conformidad con la embajadora de México, Isabel Tellez, se percibe la posibilidad del descongelamiento de unos 300 millones de dólares retenidos por el gobierno mexicano y que, según el Acuerdo de San José, debieron haber sido puestos a disposición del Estado Dominicano para ser utilizados en obras de desarrollo.
En un artículo anterior, explicamos que a finales de 1991, cuando gobernaba el fallecido presidente Joaquín Balaguer, la República Dominicana se aprovechó de la crisis económica de México para recomprar en el mercado internacional una deuda de 162.8 millones de dólares, con un descuento de un 67.5 por ciento, para una liquidación de 52.9 millones de dólares. No hay dudas de que esta situación irritó a los mexicanos, que vieron en esa argucia dominicana una falta de solidaridad. Fue a partir de entonces que México puso trabas a la República Dominicana para honrar su compromiso del Acuerdo de San José, de otorgar una línea de crédito cuando el barril del petróleo superara los 15 dólares. En vista de lo ocurrido cuando la República Dominicana recompra la deuda con México, la línea de financiamiento se fue acumulando hasta el sol de hoy.
Hay señales de que el Gobierno Dominicano hace gestiones encaminadas para que sea restablecida la línea de crédito a fin de aliviar, conjuntamente con Petrocaribe, la pesada factura petrolera. Petrocaribe otorga un financiamiento de un 40 por ciento con un período de 25 años y México un financiamiento de un 25 por ciento a 30 años, a los precios actuales del barril del petróleo, aunque con tasas de intereses diferentes.
La República Dominicana está en una situación difícil,, pues mientras el embajador venezolano denuncia que desde aquí se boicotea a Petrocaribe, el restablecimiento de la línea de crédito con México no se concretiza, porque todavía el Gobierno Dominicano, hasta donde sepamos, no ha formalizado su entrada al Banco de Integración Centroamericano y del Caribe, un requisito mexicano para descongelar los fondos y continuar el financiamiento consignado en el Acuerdo de San José.
Entendemos que al país le convendría que el Gobierno desarticule, en caso de ser cierto, el plan denunciado por el embajador de Venezuela, porque sin Petrocaribe y sin el apoyo de México a través del Acuerdo de San José, el horizonte que se vislumbra asegura una falta de gobernabilidad y, consecuentemente, posibles y casi seguras alteraciones de la paz social. En este caso, no debemos olvidar que para mayo del año próximo están previstas las elecciones congresuales y municipales, que podrían verse afectadas en el caso de que en el país se produzcan acontecimientos que den al traste con el clima democrático en que vivimos.
