Sí, finalmente el gobierno ha optado por hacer oficial un proceso que, de hecho, estaba en curso: el relajamiento de las restricciones en las actividades económico/sociales del país, impuestas para enfrentar la covid-19. Ese relajamiento es lo que se llama desescalada, para lo cual no sólo se requiere un protocolo bien claro, sino un sentido cívico de la población que le permita observarlo adecuadamente. También, requiere una relativa fortaleza de las instituciones sociales y de la estructura de servicios que hagan sostenible la referida iniciativa. Es, precisamente, apostando al buen nivel de fortalecimiento institucional y de sentido cívico que muchos países han iniciado la limitación de las medidas restrictivas para enfrentar la epidemia.
Sin embargo, la carencia de esos atributos constituye uno de los grandes lastres de la sociedad dominicana, de los cuales son responsables, básicamente, la clase política que gobierna el país desde hace cinco décadas. Por eso, son lógicas las dudas sobre la efectividad de la desescalada anunciada por el presidente Medina. Hoy, 600 mil trabajadores, básicamente del sector formal, vuelven a sus centros de trabajo sin que se conozcan las medidas que serán tomadas para los trabajadores de los sectores informal y agropecuario. Tampoco se sabe si en cada centro laboral existe el mecanismo que viabilice el protocolo sanitario que asumirán. Pero, lo más importante, cómo se trasladarán esos trabajadores a sus centros de trabajo.
En términos de transporte, la medida del gobierno es taxativa, sólo operará la OMSA, de carácter público, dejando fuera la estructura privada de servicio cuyo peso específico en el sistema es aplastantemente mayoritario, algo más del 80%, que, además, aunque precariamente, de hecho, lo operaba libremente. Sin formalizarlo, el gobierno ilegaliza lo que antes era legal. La OMSA trabajará a un 30%, para posibilitar el distanciamiento social recomendado durante la pandemia. Habría que preguntarse cuál será el mecanismo para que una población de escaso sentido de la observación de las reglas cumpla con el protocolo en autobuses, Teleféricos y el Metro, quién y cómo lo hará cumplir.
La percepción es que Danilo pensó sólo en el Gran Santo Domingo, el cual tiene como límites político/administrativos los municipios que lo integran. Deben considerarse, además, San Cristóbal, Villa Altagracia y hasta San Pedro, como lugares de donde vienen a trabajar un significativo número de personas, incluyendo aquellos del servicio doméstico. El servicio de transporte interurbano y provincial, en su casi totalidad, es operado por empresarios privados, ¿cómo y quién operará ese servicio. Es innegable que, de hecho, en medio del caos que produce la inexistencia de institucionalidad y conciencia ciudadanas sólidas, la gente había iniciado un proceso de incumplimiento de las restricciones sociales. Hacía su “desescalada” sin un marco institucional y una legitimidad política que pudieran detenerla.
Y había que conducir ese proceso, formalizándolo con mayores niveles de claridad del protocolo para hacerlo y sin dejar fuera el sector informal, que constituye la mayoría de la fuerza laboral del país. Por su complejidad y amplitud no está claro cómo este será integrado a la desescalada oficial. En su modo operandi es el sector que mayor contacto directo tiene con la población y en medio de una pandemia, cuyo número de infectados sigue creciendo, este sería una suerte de vector contaminante de significativo impacto. Falseando datos nacionales y situaciones de otros países, el Presidente anuncia una desescalada que podría tornarse inmanejable y caótica. Ojalá no sea para peor.