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El director de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia acaba de dar unas declaraciones muy preocupantes para que un accionar de esa naturaleza se revierta contra nuestro país, ya que de diez mujeres que dan a luz en ese centro materno, cuatro son de nacionalidad haitiana, lo cual significa para el Estado Dominicano una erogación superior a los 5,000 millones de pesos. Sin embargo, hemos tenido conocimiento que a la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) –la misma de Álvaro Vargas Llosa– se ha reforzado por haberse unido la Fundación Thompson Reuters, con sede en Londres y patrocinada por la actriz Angelina Jolie y el obispo anglicano Surafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz. Estas dos organizaciones han denominado a los haitianos no residentes legalmente en Dominicana, como “apátridas”.
“La apatridia” según ellos es inhumana, al parecer enrostrándole a los dominicanos, la culpabilidad por haber tenido la humana decisión de hacer los partos en nuestro país y no en el del origen, gracias al craso error cometido por el ex presidente Leonel Fernández, cuya benevolencia con dinero nuestro fue construir en Haití, sin consultar ni al Congreso ni al pueblo, la universidad Henry Cristopher, en lugar de un hospital materno-infantil en el lado fronterizo de Haití. De paso, este centro de estudios en Le Limonade, desde su inauguración, por haber sido construido en una zona distante de centros urbanos, ha sido abandonado, constituyéndose en un elefante blanco.
¿Cuál hubiese sido la situación de haberse edificado la maternidad en Haití? Nos hubiésemos librado de tener que cargar con la documentación de mujeres que han sido deliberadamente traídas para alumbrar en nuestra Maternidad. Pero, como en la Universidad de La Limonade se benefició contractualmente a un testaferro del susodicho ex mandatario, hoy nos encontramos con esta situación, en la cual gobiernos y organizaciones extranjeras nos quieren imponer -legalmente según ellos- el reconocimiento de los denominados “apátridas”, no obstante las leyes dominicanas establecer inequívocamente quienes son legítimamente considerados como verdaderos ciudadanos dominicanos.
Hay que reconocer que Haití, envalentonado por el respaldo de los denominados países amigos por conveniencia, los cuales no desean a los haitianos en su territorio a ningún precio, entiéndase los Estados Unidos de América, Venezuela, Francia, Canada y otros encubiertos, repudian abiertamente esta inmigración sin que ningún gobierno u organización internacional salga en defensa del pueblo haitiano. De su parte, Francia por intermedio del portavoz de la Presidencia, ha afirmado que su país no regulará inmigrantes aún tengan más de diez años residiendo en su territorio. Agregó además: “Francia es un país soberano y no acepta que absolutamente ningún otro país ni organización internacional se inmiscuya en las decisiones de política migratoria, que siempre serán las más convenientes y favorables para el bienestar de nuestros ciudadanos, es nuestra obligación”. Entonces, cuando la República Dominicana adopta una decisión similar, nos caen encima como los pavos.
Para muestra vale un botón. A raíz de un naufragio cerca de las islas Bahamas de una goleta cargada con más de cien viajeros ilegales haitianos que se dirigían hacia los Estados Unidos de América, esta pequeña nación de personas de composición etnia muy parecida, los repatriaron a su país de origen sin haberle otorgado ni siquiera facilidades humanitarias. En el Caricom, un representante de un minúsculo país como Saint Vincent & Las Granadinas, se cebó relajadamente contra la República Dominicana cuando la sentencia del Tribunal Constitucional fue conocida; sin embargo, este preocupado “mandatario”, cuando el Gobierno de Trinidad & Tobago deportó y está en proceso de repatriar a más de 100,000 ilegales –la mayoría de nacionalidad haitiana– ha hecho mutis para no “agraviar” al país hermano, cuya raza es también similar a la haitiana.
En el continente Suramericano, Brasil, que originalmente acogía a los haitianos como refugiados económicos, ante la invasión masiva de los hijos de Dessalines, ha optado por restringir y deportar aquellos que de manera subrepticia se introducen por las fronteras de Bolivia y Paraguay. Lo mismo sucede en los países denominados socialistas encabezados por la República Bolivariana de Venezuela.
