El Procurador General de la República, el secretario de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía y el doctor Marino Vinicio Castillo fueron los protagonistas de una rueda de prensa para presentar la gravedad del desafío que los narcos de Paya hicieron al juez del tribunal que los juzgaba en San Cristóbal. Se interpretó que los acusados quisieron desafiar al Estado y sus instituciones. Se pidió a la Suprema Corte de Justicia trasladar el juicio a un tribunal de la Capital de la República.

El procurador general de la República anunció ayer que en las próximas horas  pedirá a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el traslado definitivo del caso Paya a la jurisdicción del  Distrito Nacional, en interés de garantizar la seguridad de los fiscales actuantes, que dijo, fueron amenazados de muerte en la audiencia pasada por parte de los imputados.

El magistrado Radhamés Jiménez Peña   informó que tomó la decisión ante la gravedad de la situación escenificada el viernes en San Cristóbal que calificó como “arriesgada para la seguridad pública”.

Hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que participaron  el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el secretario de las Fuerzas Armadas,  teniente general Rafael Peña Antonio,; el asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, Marino Vinicio Castillo (Vincho), y los 13 fiscales del caso Paya.

Las amenazas.  Jiménez Peña declaró que las amenazas fueron hechas por la mayoría de los 25 implicados en plena audiencia. Según explicó  dijeron a los fiscales, de manera clara y prepotente, “a ustedes los vamos a matar”.  

Manifestó que la actitud es inaceptable y no descartó la posibilidad de iniciar una acción judicial contra los que  amenazaron.

Expresó que tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal Dominicano tipifican lo que es el delito de audiencia y en su debido momento analizarán si procederán judicialmente o no ante los responsables.

 Valía del juez.  Tanto  Jiménez  como Castillo descartaron que  en el desorden que caracterizó la audiencia de Paya en San Cristóbal hubiera falta de autoridad por parte del juez Leonardo García.

   “No se puede ser injusto,  un  sustituto de juez de paz conociendo de siete asesinatos y un alijo de drogas. Mucho hizo él sentándose ahí, qué va a controlar ese pobre muchacho”, señaló Castillo.

Indicó que cuando  designaron a García observó una diferencia de esfuerzos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque fueron  los mejores fiscales “pero desgraciadamente   en justicia terminó un suplente de juez de paz”.

Las claves

1. Rebelión en caso Paya

Durante la audiencia del caso que se sigue contra los oficiales militares y civiles  acusados de  la muerte de siete colombianos en un tumbe de drogas, los acusados   abuchearon al juez y al Ministerio Público.

2.  Seguridad

El jefe de las Fuerzas Armadas y el  de la Policía   garantizaron la seguridad a los 13 fiscales que representan el Estado en el  proceso y a sus familiares.

3.  Sigue el viernes

La audiencia del caso Paya fue aplazada para el viernes por el juez Leonardo García, luego de los desórdenes.

Caso Paya: duelo crimen vs. Estado

  Castillo postuló que, hasta cierto punto, el caso Paya puede poner a prueba el sistema judicial dominicano porque se trata de una especie de duelo entre el crimen y el Estado, “es por eso que hay la necesidad de responder con la energía debida”.

Dijo que con el pedido de la Procuraduría General de la República  la Suprema Corte de Justicia tiene la oportunidad de designar un juez conveniente, “por su autoridad, por su conocimiento, por su valor. El valor cuenta”, indicó.

Consideró que las amenazas ponen de relieve la insolencia y el poder que creen tener las estructuras que dirigen el narcotráfico en la nación. “Eso tiene su mensaje, tiene propósitos siniestros de intimidación, es una forma de regar o pretender regar miedo”, insistió.

Declaró que con la acción  en cuestión  el narcotráfico quiso medir su potencia con el Estado dominicano “desafiando a sus representantes, irrespetando al juez y profanando una sala de justicia”.

Al respecto, favoreció la creación de un tribunal especializado en asuntos de narcotráfico. Recordó que cuando presidió el Consejo  de Drogas planteó la creación de  jurisdicciones especializadas,  al ver la justicia ordinaria ‘disminuida’ y   con mucha dificultad para lidiar con la gravedad de la droga y su capacidad de  intimidación y de soborno que, precisó, ha infiltrado el espíritu de la nación.