Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ VEGA
La iniciativa del Presidente Leonel Fernández de llevar al Diálogo Nacional la identificación de los impuestos, las tasas y los cálculos para una reforma fiscal que aporte al fisco 30 mil millones de pesos, me sigue pareciendo una decisión política muy inusitada, extraña, anormal y creo que con pocos precedentes, si es que hay algunos. De momento, poco importa lo que haya dicho y esté diciendo el Partido Revolucionario Dominicano sobre el particular. Este es un partido de oposición y actúa como tal y según la lógica de hacer política que se impone en estas repúblicas tropicales.
Pero al margen de ello, creo que el PRD tiene razón cuando dice que toca al Poder Ejecutivo diseñar y enviar su propuesta de reforma tributaria al Congreso Nacional. Esta es una verdad como un templo. Es una lastima que los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil y el mismo mediador monseñor Núñez Collado no cayeran en la cuenta de este hecho. En ningún aspecto de las políticas públicas los intereses están tan presentes y con tanta intensidad como en las cuestiones económicas, y particularmente en las s fiscales. Porque se trata de un tema que toca directamente, no los intereses, sino el dinero, la rentabilidad, la cartera de una persona o de una empresa.
En situaciones ordinarias, cada sector trata de que sean los otros los que lleven las mayores cargas y los mayores costos de una nueva medida económica. Esto lo saben los planificadores, lo saben los economistas, lo saben los burócratas acostumbrados a lidiar con decisiones, lo saben los empresarios y también deben saberlo los políticos. Por consiguiente, era de esperarse el legítimo pugilato que, según ha trascendido, se escenifica en las reuniones técnicas del Diálogo Nacional. Pugilato que no ha permitido que se cumpla con el plazo acordado para tener un informe más o menos definitivo sobre lo que sería la reforma. Mejor hubiera sido que el gobierno, de conformidad con su visión social, con su visión económica y con sus planes, elaborara una propuesta de reforma fiscal y luego, como ocurre siempre, en el Congreso Nacional se produjeran las debidas, normales y legítimas lo subrayo negociaciones y compensaciones sectoriales. Porque, razono, si el gobierno permite que le diseñen una propuesta de reforma fiscal sin tener en cuenta los programas de desarrollo, las medidas que en distintos campos deberán tomarse en el futuro cercano y las áreas que serán afectadas, entonces uno debe de aceptar la afirmación según la cual el gobierno carece de una política económica definida. Porque, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que los contribuyentes, personas individuales y empresas, deberán desembolsar por vía impositiva unos 30 mil millones de pesos adicionales. Es decir, hay sectores de la economía que quedarán seriamente lesionados y sus planes de expansión afectados cuando se les succionen sumas importantes para cuadrar esa meta. Por consiguiente, toca al Estado, en su condición de árbitro por excelencia, determinar qué sectores serán penalizados más y cuales serán penalizados menos. Además, cuando el Estado toma la decisión de gravar a un sector económico especifico, por vía fiscal, es obvio que lo hace sobre la base de estudios exhaustivos que incluyen la capacidad de pago de ese sector, su contribución social, su lugar dentro del proyecto de desarrollo de la nación, etcétera. El gobierno no puede, al actuar en nombre del Estado en esta labor de mediación, desertar de sus responsabilidades.
Vuelvo al principio. Esta debe ser de las pocas veces que un gobierno delega en grupos sociales variopintos el diseño de una propuesta de reforma fiscal. Al hacerlo, se ausenta innecesariamente. Es probable que se quiera decir que hay representantes oficiales en las comisiones de trabajo, pero ello no basta. Una propuesta de reforma fiscal es una tarea exclusiva del gobierno, aunque este entienda, en el proceso de preparación, que debe consultar o escuchar a determinados sectores de la vida publica, incluyendo a los principales empresarios y dirigentes de sus gremios. Pero este es otro cantar. El doctor Leonel Fernández, un presidente que goza de un aprecio que va más allá de los ámbitos de su partido, debe entender que el ejercicio de gobierno implica comerse las naranjas dulces y las agrias. Una reforma fiscal que lleve la visión del programa de gobierno que presentó al electorado el año pasado, que lleve las improntas de sus técnicos, la sabiduría de sus planificadores y su propia autoridad serìa, como Olga Lara, otra cosa.
