El Ministerio de Salud Pública se declaró ayer desconocedor de la validez de un informe legítimamente obtenido en la Dirección Nacional de Epidemiología que sitúa en 153 las defunciones con características de dengue este año e insistió en su cifra «oficial» de solo 21 casos mortales sin explicar la razón de tan diametral discordancia originada en su propio seno. En consecuencia, la opinión pública queda en desconocimiento de la causa cierta de muerte de 132 personas más. Una omisión quizás involuntaria o una extraña incapacidad de establecer el porqué de tantos decesos si tan diligentemente pudo hacerse con unos pocos. De la competencia de los epidemiólogos al servicio del sistema nacional de salubridad no cabe duda ni ha sido negada por sus superiores; autoridades que todavía están a tiempo de evitar el descreimiento que con anterioridad ha ganado terreno en la sociedad alimentado por la retención de datos que deben ser divulgados cada día sobre incidencias del dengue y sus consecuencias trágicas y de otras enfermedades de mucha preocupación de cuyas magnitudes la nación debe estar plenamente advertida.
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La inconsistencia informativa sobre la presencia real y concreta de enfermedades que como el dengue congestionan hospitales y clínicas no auguraría eficacia a los propósitos de prevención que seguramente mueven al Ministerio de Salud por lo tardío de las reacciones de habitantes de baja escolaridad y desorientación. El dengue llega con sospecha y la forma de diagnosticarlo, también.