Ahora que el asesinato de un dominicano por haitianos generó disturbios que las autoridades dominicanas tuvieron que refrenar y que entorpecieron el comercio binacional se vuelve tema actual la infuncionalidad de tal línea de separación de dos Estados soberanos. ¿Qué merito puede tener una frontera demasido penetrable al tránsito ilegal de personas y mercancías y que   al mismo tiempo es adversa al intercambio comercial formal y al contacto organizado de ambas sociedades? Ella expresa, en su permanente negatividad, el fracaso histórico de quienes han gobernado a la República Domninicana. Este es buen momento para exigir el pago de esa deuda con la institucionalidad.

Pretenderá negarse. El poder tiene siempre la opción de  hacer oír su palabra de “oficial” y jugar con ella para vencer, por lo menos en apariencia, a la realidad. Cierto es que no han existido políticas orientadas a poner orden en el  límite geográfico. Una omisión grave en el presente porque los daños de la indefinición limítrofe se han acumulado. Pesan más. Tenemos ausencia de reglas efectivas sobre la migración, conjunción inoperante de funciones burocráticas y vigilancias militares vulnerables en gran medida al crimen organizado. Pobre defensa de los recursos naturales y un índice de desarrollo económico-social en la zona fronteriza inferior a la del resto del país. ¿Qué podría deparar el futuro?

Un esfuerzo insuficiente

El Programa de Fiscalías Barriales, nacido en la jurisdicción del Distrito Nacional, ha ido llenando un vacío de funciones de cara a los conflictos entre vecinos y al incremento de delitos y de agresiones de género en medios urbanos muy poblados y con problemas sociales que se agudizan por la crisis económica. Pero tras ser  un ensayo para  extenderse despues, han surgido  imitaciones presupuestales que  presionan contra su   desarrollo y expansión.

Es evidente  que la baja de recaudaciones del Estado repercute en una parte de la Administración de Justicia. Preocupa saber que las fiscalías  barriales han quedado como oasis de  servicios que no alcanzan al sector poblacional más numeroso de esta Capital que es el que habita la provincia de Santo Domingo, la mayor del país y en la que solo existe un centro de ese género. Las estadísticas de hechos que la justicia debe atender indican dramáticamente la falta que hacen en esos  lugares.