Hoy 
POR TANIA HIDALGO
La Fiscalía del Distrito Nacional sometió a la justicia a la directora del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Trabajo, al esposo de ésta y a otros dos empleados de esa dependencia por alegadamente formar parte de una red que se dedicaba a vender visas hacia España y Canadá.
El fraude era cometido a través de los programas que tramitaba la Secretaría de Trabajo en conjunto con la embajada de España en el país.
En la mañana se informó que los fiscales adjuntos adscritos al departamento de Falsificación de la fiscalía del Distrito Nacional solicitarían medidas de coerción contra Doris Altagracia Vargas Núñez, directora de Recursos Humanos; su esposo Narciso Reyes Cabrera, Diovanna Vianney Arias, asistente de la subsecretaría, y el chofer Danilo Moreta.
En la noche, el juez de la jurisdicción permanente del Distrito Nacional, doctor Alejandro Vargas, impuso medidas de coercíón contra la señora Vargas Núñez, quien fue enviada a la cárcel de Najayo por tres meses. El chofer Moreta tiene impedimento de salida y deberá pagar una fianza de 100 mil pesos para obtener su libertad. El magistrado dispuso la libertad del señor Reyes Cabrera, esposo de Vargas Núñez, y de la asistente Arias.
El Ministerio Público tomó acción en el caso, luego de que Tomasina Bienvenida Toledo, Andrea Pichardo, Luz del Pilar Diven, Juan Abreu Pérez, y Fabio Augusto Matos Beltré, interpusieran sus respectivas querellas, tras ser estafados con sumas que superan los dos millones de pesos.
La funcionaria fue suspendida del cargo, el cual ocupaba desde el seis de septiembre del año 2004, al igual que los otros dos imputados
Según una certificación de la institución, Vargas Núñez devengaba un sueldo de RD$53,350.00, Diovanna Vianney RD$25 y el chofer RD$12,000.
De acuerdo a la querella, los dos millones de pesos fueron entregados en diversas partidas a los imputados con la promesa de maniobrar para que aprobaran las evaluaciones a que serían sometidos por la institución y la embajada España y de esa manera ser incluidos en los listados de las personas calificadas para salir del país, a través del referido programa.
Las vìctimas son representadas legalmente por el ex fiscal del Distrito Nacional Máximo Aristy Caraballo y el ex fiscal adjunto Felipe Herrera.
El grupo está acusado de violar los artículos 2, 5, 6, 7 de la ley 137-03 sobre T`ráfico ilícito de Migrantes y Trata de personas y los artículos 405 y 408 del Código Penal.
