POR HUGO GUILIANI CURY
En los estudios de competitividad realizados en el 2001-2002 se había identificado que la dinamización del sector de la construcción tendría un enorme impacto en la economía.  Sin embargo, diversos factores operativos y otros de carácter estructural estaban limitando el que este sector tuviera un sano crecimiento y una elevada productividad. 

Entre estos estaban el lento proceso de aprobación de los permisos y planos, el alto costo de la infraestructura, un inadecuado funcionamiento de los organismos públicos dedicados a la vivienda social, un escaso desarrollo del sistema de hipotecas, así como una limitada e inadecuada canalización del crédito a la vivienda.  Por ello, en aquel entonces, decidimos dar inicio a un proceso en el cual se integró a los diferentes sectores públicos y privados que inciden en el proceso habitacional.  Esto dio lugar a que el gobierno central diera carácter de prioridad a un plan para desarrollar un amplio programa de viviendas a nivel nacional.  Este programa de acción destinado a dinamizar la economía vía el sector de la construcción, se enmarcaba dentro del proceso de competitividad que estaba gestando la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. 

* Los estudios realizados nos indicaban que existía un elevado déficit de viviendas en un  determinado rango de los precios de venta de viviendas.  En ese rango de precios existía una enorme demanda potencial, pero sin embargo, no existía una oferta de viviendas para esos niveles de precio.  Dentro del plan se tomarían acciones para crear la oferta, de viviendas, dentro de un rango de precios que cubriría una amplia proporción de la llamada “vivienda social”.  Igualmente, se establecerían condiciones de crédito propicias para que los demandantes de ese tipo de viviendas pudiesen tener facilidades para poder adquirir las viviendas con el nivel de ingreso que poseían.  También se procedería a eliminar los cuellos de botella de carácter burocrático que estaban afectando al sector de la construcción.  Entre las acciones a implementar estaban la aceptación de la “carta constancia”,  como mecanismo de agilización del repago al constructor y la habilitación de la ventanilla única.

El programa se ejecutaría a través del sector privado utilizando la capacidad gerencial de los promotores de viviendas en el país, y el Estado sólo participaría como un ente facilitador.   Los recursos provendrían del sistema financiero nacional, es decir, sector bancario, asociaciones de ahorros y préstamos y de los fondos de pensiones.  Para llevar a cabo con éxito el programa, se necesitaba tomar acciones en diferentes frentes, con la finalidad de facilitar el proceso y organizar al sector de la construcción.  Esto implicaba la necesaria y activa participación de diversas instituciones públicas y privadas, que tendrían que colaborar y tomar acciones para poner en práctica los diferentes aspectos que contenía el programa y a la vez darle continuidad y sostenimiento al proceso.  La iniciativa tuvo acogida en las diversas instituciones públicas y privadas, pero encontró la oposición de las entonces autoridades monetarias del Banco Central, siendo una de ellas su negativa de propiciar que las Administradoras de Fondos de Pensiones diversificaran sus inversiones para poder destinar una proporción de sus carteras de inversiones a la compra de valores emitidos con el respaldo de las carteras hipotecarias para la vivienda.  Este y otros obstáculos que interpusiera el Banco Central en aquel entonces, quien no quiso facilitar un conjunto de acciones que eran necesarias para viabilizar y dar sostenibilidad a largo plazo al programa de viviendas sociales.  Esto dio lugar a que la puesta en marcha de ese plan tuviera que ser suspendida.

Felicitamos pues la decisión de la actual Junta Monetaria del 7 de septiembre del 2006, en torno a las letras hipotecarias, ya que esto permitirá diversificar las inversiones de los fondos de pensiones.

Espero pues que esta loable iniciativa del Banco Central pueda, en el cercano futuro, ser también enmarcada dentro de un plan integral que promueva la vivienda social para que así los dominicanos puedan tener la oportunidad de tener un techo propio y la economía ser dinamizada.