PABLO NADAL DEL CASTILLO
Durante años nuestro país ha sufrido los embates de nuevas legislaciones, en la mayoría de los casos beneficiosas para el buen desarrollo nacional, pero sin dejar atrás ciertas prácticas de estilo paternalista, en las cuales se mueven los hilos ocultos, y se hacen ciertos favores a cambio de pequeños beneficios los cuales son muchas veces insignificantes, o sólo por no asumir sobre los hombros ciertas responsabilidades de decisiones que estén fuera del poder de acción de los jueces.

Si vemos a la justicia como esa diosa con la balanza, ciega, pero a la vez con los oídos abiertos para escuchar alegatos y no para decidir a quién beneficiamos, estaríamos dudando en primer lugar de la condición humana de los jueces, figuras muchas veces decorativas. Sin embargo cuando encontramos a uno con decisión propia, tratamos en principio como sociedad de exaltar sus méritos para después encasillarlo en un estrado de una pequeña sala de audiencia donde no se le envía ningún caso importante sólo porque asumimos que tiene algo de independencia o no es influenciable. Sería interesante pensar que quizás este es el verdadero espíritu de la justicia.

Un juez complaciente, que se olvida del sagrado derecho de defensa, nos da la idea de cualquier alegato que se le someta no será evaluado en una justa dimensión, no por no estar adecuadamente fundamentado, sino porque quizás su ánimo no está en capacidad de juzgar y de terminar el caso lo más rápido posible, olvidándose de que los alegatos no escuchados pueden siempre variar los lineamientos que lleva la sabiduría de la sentencia emanada.

Debemos acotar que un juez juzga antes que todo y esto no solo es una frase filosófica, sino la realidad de una sociedad que no es desarrollada, que trata de buscar un justo lugar en un mundo cada vez más unido o globalizado acorde con nuestros tiempos.

Este correcto juzgamiento que uno espera un día, nos daría la seguridad jurídica que tanto reclaman nuestra Suprema Corte de Justicia y la sociedad dominicana. Recordemos que la primera injusticia no empieza por los que administran dicha justicia, más bien por los que administran el Estado nacional. Hacer leyes, decretos y resoluciones justas que no conlleven una correcta aplicación, tiene como consecuencia un mal cumplimiento y administración.

Pero nuestra sociedad termina como esta al día de hoy en un status quo indefinido; solo repitiendo lo mismo sin tomar ninguna acción: «sigamos con la audiencia y que esto sirva para la felicidad del proceso».