Como en muchas otras ocasiones en el pasado de la República, vuelve a requerirse el ordenamiento de las finanzas públicas. La deuda pública externa se transformó otra vez en ominoso fantasma, y se cierne sobre la estabilidad económica del país. Cual río que se desborda, los gastos corrientes cuentas de personal y no personales arropan los ingresos del erario, hasta trocar en inservible herramienta a la Ley de Gastos Públicos.

La Nación está en apuros.

Ambas obligaciones superan los ingresos ordinarios. Pese a que la inflación estira y aumenta el valor nominal de éstos, quedan esos ingresos, sin embargo, por debajo de los egresos. La necesidad de cubrir el déficit torna perentoria la contratación de más empréstitos, internos o externos. Y estos recursos presionan los ingresos de monedas fuertes del sistema económico, hasta hacer de las divisas una mercancía costosa por deseable. Resalta con ello una simple ley del mercado que encarece todo lo que escasea.

Repercute este panorama sobre el pueblo, al perder poder adquisitivo la moneda con la cual se adquieren bienes y servicios. Y encima, se hacen inalcanzables sus precios.

El empobrecimiento estimulado desde el Poder por la aplicación de erráticas políticas del gasto, ha sido una constante en la Nación Dominicana. Y no pocas veces, en los días de Concho Primo, la desesperanza de tal modo estimulada, fue origen del caos. Quizá por ello cosechamos aquel reproche que nos lanzó el capitán H. S. Knapp, quien al frente de la invasión de 1916, nos dijo que éramos propensos al desorden. Su proclama de ocupación no pudo ser más reveladora del desastre al que se lleva a un pueblo cuando no prevalece una correcta aplicación de políticas públicas.

«…el Gobierno Dominicano ha dado como explicación de (la) violación (de sus obligaciones de pago) la necesidad de recurrir en gastos extraordinarios incidentales a la supresión de las revoluciones… y con el deseo amistoso de ayudar y permitir a la República Dominicana mantener la tranquilidad doméstica y cumplir con las estipulaciones (de su deuda externa)… queda por la presente puesta en un estado de ocupación militar… Esta ocupación militar no es emprendida con ningún propósito ni inmediato ni ulterior, de destruir la soberanía de la República Dominicana, sino al contrario, es la intención ayudar a este país a volver a una condición de orden interno, que lo habilitará para cumplir… con las obligaciones que le corresponden como miembro de la familia de naciones».

Por supuesto, los tiempos son diferentes. Hoy día no sobrevendría una ocupación territorial a la condición de mora en que caiga un Estado Nacional. En cambio, actúan respecto del país que cae en condición de deudor moroso tantos condicionamientos internacionales, que doblegan a los pueblos mediante dolorosos sacrificios. Y cuanto es peor, estos condicionamientos operan como un torniquete sobre el bienestar de estos pueblos, aún cuando el servicio de la deuda satisfaga los requerimientos de los acreedores. Esto es lo que ocurre en el caso dominicano.

De ahí las penurias que se viven en el país desde hace un tiempo.

)Quién está llamado a enfrentar esta triste condición? Por supuesto que estas vicisitudes deben ocupar la atención de la superestructura política que se da la sociedad para gestionar el bien común. )Y quién encabeza esta superestructura? El artículo 55 de la Constitución dominicano sostiene que el Presidente de la República «es el jefe de la Administración Pública». El derecho administrativo define a la Administración Pública como la estructura que soporta el proceso de las operaciones de ejecución y funciones gubernativas. Es, en pocas palabras, en nuestro caso, la expresión estructural del Gobierno Dominicano.

A este funcionario, al electo en el día de ayer, corresponde enfrentar con tenacidad y sin desmayos, las vicisitudes que confrontamos. Es, sin duda, una ciclópea labor que tendrá que llevarse a cabo con denuedo y sagacidad, anteponiendo el bien común a los intereses partidistas y particulares.