Las experiencias por las que han pasado los países de la región y particularmente la República Dominicana, sobre todo a partir de los años 80, resultan bastante aleccionadoras sobre el curso que suelen tomar los acontecimientos económicos en los países emergentes que se han integrado a las economías de mercados: Para que haya estabilidad macroeconómica debe prevalecer la confianza, más un riguroso acuerdo con el Fondo Monetario.

Por lo menos, eso es lo que queda de los acuerdos «De Facilidad Ampliada» firmado con el organismo multilateral en 1985, el «Stand By» firmado por Balaguer al final de 1990 y es lo que se espera ahora que el país se preparó para la firma de un nuevo acuerdo «Stand By» de dos años a que se ha visto el país obligado firmar debido a la crisis bancaria que el pasado año 2003 devino en crisis económica.

Aunque con matices de origen muy disímiles, las crisis previas que condujeron a la firma con el FMI entre los años 80, los 90 y la actualidad, los lineamientos para restablecer la estabilidad macroeconómica suelen ser los mismos.

Posterior a un estudio del marco económico que generó la crisis, los organismos internacionales, incluídos el Fondo pasan a considerar las posibilidades de crecimiento, tomando en consideración las áreas más robustas de la economía para el crecimiento en su futuro inmediato, de lo cual suelen surgir las debilidades y fortalezas de un país.

Acorde con los últimos informes confeccionados por el propio FMI, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), estos enfoques coinciden en enfatizar las necesidades de puesta en marcha de un paquete de ajustes de políticas en materia monetaria y cambiaria que faciliten la operabilidad del sistema productivo en los países en vías de desarrollo.

No obstante, la propia CEPAL en sendos informes elaborados sobre el tema pone de manifiesto la gran debilidad que han mostrado las apuestas por estas políticas de estabilización basadas en los enfoques fiscalistas sin hacer énfasis en las necesidades de apuntalar las respectivas estructuras económicas de los países.

«En muchos de estos casos se trata de situaciones en que los países han debido tratar con los organismos internacionales en las condiciones menos propicias -sostiene el economista Miguel Ceara Hatton-, cuando generalmente les sorprende una crisis que se ha ido estableciendo poco a poco y que sólo al final cuando estalla y paraliza el crecimiento, es cuando se perciben y se les busca algún remedio».

El economista Ceara Hatton estima que estas situaciones se dan generalmente en países en vías de desarrollo en los que el desarrollo institucional es relativamente poco efectivo por el escaso nivel de concordancia entre el desarrollo económico y las instancias institucionales.

Pone como ejemplo que es lo que ha venido ocurriendo en muchos países de la región de América Latina en los que subrepticiamente surgen situaciones críticas a las que hay que detener con las herramientas a mano, y que muchas veces se escapan del control de las autoridades al no existir una concordancia entre las instituciones y las políticas que las rigen.

Estima el economista que «si algunas lecciones buenas habrán de resultar de la actual crisis es que desde ya muchos aprenderemos a regirmos por lineamientos de políticas institucionales que rijan a las instituciones, aún en aquellas áreas en que prevalezca un cierto nivel de autonomía institucional relativa».

Estima que la experiencia por la que actualmente atraviesa la República Dominicana explica por qué muchas veces los organismos multilaterales llamaban la atención sobre la necesidad de vigilar el comportamiento de las instituciones públicas y privadas, ya que la ruptura del equilibro en una economía puede venir por uno o ambos extremos del sistema económico de un país.

En torno a la crisis actual y los acuerdos arribados con el FMI a través de la Carta de Intenciones para recuperar la estabilidad macroeconómica, Ceara Hatton estima que ya se ha demostrado que estos programas tienen un contenido de tal alta rigurosidad que casi siempre terminan retornando la estabilidad cambiaria y monetaria, pero a un costo muy elevado para los países.

«Ese es el costo que se ha de pagar -explica el economista-, cuando no se cumplen los prerrequisitos de supervisión a tiempo y de reforma institucional, en lo cual se ha estado insistiendo en el país, sobre todo tras las grandes reformas emprendidas a partir de los años 80 y 90».

[b]¿VIENE LA ESTABILIDAD?[/b]

Las experiencias por las que ha transcurrido el país tras sendos acuerdos previos con el FMI indican que verdaderamente la estabilidad macroeconómica ha retornado, devolviendo la confianza a los agentes de la economía.

«Este fue sobre todo en un muy corto plazo el resultado de los acuerdos con el FMI puestos en práctica al final de 1990 y en el transcurso de 1991, cuando el país se desesperó como resultado de la gran crisis que sacudió a la economía», expresa el economista y consultor Jeffrey Lizardo.

También al igual que ahora, afirma Lizardo, «se produjo una vasta contracción económica producto de la negativa crisis que a nivel cambiario y monetario scudió al país, repercutiendo en una abultada inflación que afectó a la población dominicana».

Sin embargo, sostiene que una vez firmado con el FMI, a pesar de los drásticos resultados de sus programas, las economías tienden a buscar el nivel de crecimiento y el clima de confianza que usualmente solían tener.

No obstante, sostuvo que en cada ciclo crítico, el comportamiento de las economías suelen ser disímiles, a pesar de que guardan similitudes que permiten determinar la vuelta ala credibilidad de las acciones, siempre y cuando se cumplan con los requisitos acordados.

Expone que los mejores efectos estabilizadores resultantes de dichos acuerdos comienzan a sentirse casi de inmediato, a las pocas semanas, pero generalmente se toman entre los primeros tres a seis meses.

Un factor que puede contribuir a amortiguar las consecuencias de las severas políticas del Fondo Monetario, explica el economista Jeffrey Lizardo, tiene que ver con las políticas sociales que el gobierno pueda poner en marcha para hacer contrapeso a los efectos sociales esperados.