La preocupación es válida: cada vez se estrecha el círculo que ahoga la democracia. Ello se manifiesta durante el período electoral donde salen macos, culebras, cacatas, narcos, lavadores de dinero y toda suerte de maleantes de cuello y corbata, logreros que, necesariamente, buscan el enriquecimiento ilícito como forma de acumular capitales y convertirse en ciudadanos impunes, cuyos capitales los colocan más allá del brazo de la ley.

Las grandes inversiones que se realizan para obtener una candidatura a Senador, Diputado, Alcalde deben tener recompensa. Haga el ejercicio sume, reste y dígame si con los sueldos que reciben esos funcionarios, en cuatro años, se equilibra la inversión de la campaña ¡qué va! Pensemos, entonces ¿qué harán los funcionarios electos para recuperar su inversión?

Entonces, hay que convenir en que la distorsión es grave y dañina. Constantemente se estrecha el espacio para ejercer los derechos constitucionales de elegir y ser elegidos, debido a limitaciones que impone la regulación de partidos que dificultan el acceso a la verdadera democracia interna.

¿A qué me refiero? A las dificultades económicas que enfrentan aquellos militantes políticos que, en el ejercicio de su derecho a ser elegidos, intentan presentarse como precandidatos a cualquier puesto público. Independientemente del dinero que aporta el Estado a través de la Junta Central Electoral, los miembros del partido deben aportar periódicamente sumas que contribuyan a formar el capital de la organización, pero eso es pecado hasta mencionarlo.

Recuerdo el berrinche y la decidida oposición del Senador Pablo Rafael Casimiro Castro a que se consignara en los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano, año 1966, la obligación de los miembros a cotizar con pequeñas sumas para que el PRD dispusiera de recursos para sus necesidades.

Ahí comenzó la dependencia del PRD de los capitalistas que simpatizaran o le tuvieran miedo al partido. Ahí comenzó la desdichada práctica de limitar el acceso de los militantes a una candidatura cualquiera. De ahí en adelante se fijó una cuota económica, más o menos elevada, inalcanzable para muchos de los aspirantes a puestos públicos con mejores hojas de servicio a la comunidad.

El poder avasallante del dinero se impone en la vida interna de los partidos, en la selección y elección de candidatos a puestos públicos, en la posibilidad de que el pueblo elija a los más idóneos, aquellos candidatos que representen mejor los intereses de la mayoría.

Desde siempre, la masa, la mayoría, ha sido cauta, lenta, de un proceder que en ocasiones engaña por su aparente pasividad hasta que cuando explota hace saltar en pedazos las más invulnerables fortalezas.

Es preciso abrir el abanico de las candidaturas a fin de que puedan participar los que no tienen nada que perder, ni siquiera la vida.