Tras 18 años dando tumbos de una cámara hacia otra, a estas alturas todavía no está claro si tendremos una Ley de Partidos que pueda tener aplicación para fines de los comicios de 2020. Lo que sí parece definitivo es que en caso de ser aprobada no responderá a las aspiraciones de esta sociedad y lo que podría conducir es a un “toyo” con primarias simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral.
Los elementos fundamentales para garantizar la democracia interna y la renovación de los cuadros dirigenciales de las organizaciones no está contemplado en el proyecto. Tampoco la transparencia, porque el debate se ha reducido a las primarias internas. En vez de contar con un marco legal para el futuro, los políticos van a legislar con la mira en el corto plazo de buscar la supuesta panacea de elecciones internas simultáneas organizadas por la JCE porque reconocen la incapacidad para autogestionar sus procesos internos.
Esta sociedad aspira a una Ley de Partidos que signifique una reingeniería de las organizaciones, que norme la vida interna, entiéndase la democracia para seleccionar los directivos y los candidatos, pero el principal logro de una Ley de Partidos debería ser la transparencia, la apertura de la contabilidad de los partidos para que el país conozca quiénes financian los candidatos y las campañas, poner un tope a esos aportes, garantizar la equidad y nada de eso se toca en lo que se está discutiendo.
El germen de la corrupción en el país radica, entre otras variables, en los sujetos que financian a los precandidatos y candidatos, muchas veces al margen de los partidos, y que si el candidato logra la presidencia, esas personas físicas o jurídicas luego desde el Estado obtienen altísimos rendimientos de sus inversiones sobre la base de contratos y compras sobrevaluadas, favores aduanales y tributarios, permisos de importación y otras tantas modalidades de corruptela. De igual forma, el aporte a candidatos al Congreso y los municipios en la mayoría de los casos lo que procura es recuperarlo de alguna forma de alguna institución del Estado.
Lo que es peor, no se proponen colocar un blindaje a la posibilidad del lavado, de que dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción, etc., alimente las campañas de los candidatos y no es accidental que mientras la nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley 155-17) incluye como “sujetos obligados” prácticamente a todos los sectores del país y profesionales, no se incluyó a los partidos políticos, donde hay mayor facilidad, sin el marco adecuado, que esos capitales sucios alimenten las campañas.

Todo parece indicar que hay “consenso” en permitir que cada partido decida el método de elección interna, y que sean simultáneas y organizadas por la JCE. ¿Alguien se ha puesto a pensar la complejidad para una JCE organizar y supervisar elecciones internas de un partido con el padrón universal, de otro partido con el padrón de su organización de otro con una convención de delegados? ¿Cómo impedir que el votante en un partido con el padrón de la JCE vote en otro con el padrón cerrado? Además meter a la JCE en tres o cuatro elecciones en seis meses podría conducir a esa institución al camino de la pérdida de confianza.
No es accidental que la Conferencia del Episcopado, preocupada por el tranque en el proyecto de la Ley de partidos, en su comunicado del 16 de mayo del presente año haya advertido: “Entendemos que no se puede forzar a la Junta Central Electoral, a la que todos debemos dar nuestro voto de confianza, para que tenga que llevar a cabo tantas elecciones en un mismo año o en pocos meses sucesivos”.
Hemos perdido 18 años en ese objetivo y de nuevo se perderá porque si se logra aprobar una Ley de Partidos no servirá los propósitos que aspira esta sociedad y lo que va a conducir es a agravar la situación interna de las organizaciones y conducir a la JCE a un abismo. El tiempo dirá.