La necesidad de aprobación de una ley de partidos políticos ocupa nueva vez la agenda nacional. Se recurre a ella como instrumento jurídico urgente para regular el accionar de estas instituciones y garantizar que haya transparencia y fiscalización en sus procesos internos y en las campañas electorales.

Este reclamo evidencia inconformidad con la forma en que opera el sistema de partidos en República Dominicana, con prácticas como el clientelismo y la falta de democracia y representatividad, tanto internamente como a nivel externo.

Una investigación reciente del Instituto OMG concluyó, respecto al financiamiento de los partidos políticos, que ningún tipo de donación corporativa está regulada, las donaciones de fuentes anónimas no tienen regulación ni límites en cuanto a los gastos del partido (o de un candidato en específico) para campañas y actividades partidarias.

Sin embargo, independientemente de cuan necesaria y oportuna sea esta ley, este país demanda con urgencia de cambios políticos y partidarios a los que no se da respuesta sólo con la aprobación de una ley, máxime si cuenta y ha contado con legislaciones electorales que se han incumplido.

Una ley es un instrumento jurídico importante pero qué tan neurálgico puede ser en una nación con poca vocación jurídica, sin autoridades con voluntad política para cumplirla, sin una ciudadanía motivada a vigilar y demandar su cumplimiento y sin jueces electorales que respondan a la voluntad popular y no a dos o tres dirigentes de un par de pseudopartidos.

No se trata de no propiciar o apoyar la aprobación de esta ley, sino de que seamos estratégicos y abarquemos también el aspecto de la legitimidad de esas organizaciones. A esta discusión debemos estar convocados todos, porque contrario a lo expresado por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y a la sazón aspirante a la Presidencia de la República, no se trata de inmiscuirse en fincas privadas, sino de opinar de entidades que reciben de los impuestos que pagamos al Estado más de 1,200 millones de pesos.

Ante este panorama, los dominicanos debemos colocar la necesidad de la construcción de un mejor país por encima de esas clásicas afiliaciones partidarias que obedecen a la conformidad, resignación y comportamiento mecanicista, además de intereses personales.

Aboguemos por construir una sociedad democrática con instituciones políticas partidarias que de verdad sirvan de canales efectivos a la participación de la ciudadanía, la satisfacción del bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana, como dispone el artículo 216 de la Constitución dominicana.

Rompamos con quienes no actúen en esta dirección y dejemos ya de estar atados a entidades politiqueras que tienen como única misión asaltar el Estado y, por ende, más que partidos políticos, son corporaciones.