POR EDUARDO JORGE PRATS
Tradicionalmente la seguridad ciudadana ha sido un tema tomado en consideración únicamente cuando circunstancias especiales o hechos estremecedores han afectado a nuestra sociedad. Es evidente que nunca ha existido una política a largo plazo sobre seguridad ciudadana que trascienda la solución de los problemas del día a día que intranquilizan a todos los dominicanos y que a su vez tome en consideración a todos los involucrados: Estado, policía, organizaciones civiles y a la ciudadanía en general.

Como consecuencia de ello, hoy por hoy la situación es prácticamente inmanejable y, de acuerdo a las propias encuestas, constituye una de las preocupaciones principales de nuestro pueblo.

Los ciudadanos de todas las clases sociales necesitan y quieren un país más seguro. Un país en el que se pueda transitar libremente por las calles sin temor a los asaltos y a las violaciones. Requerimos un país sin miedo en donde los ciudadanos retomen el control de sus vidas.

La seguridad es una responsabilidad de todos, gobierno y sociedad, policía y organizaciones barriales, Estado y ciudadanos. Si no tomamos medidas legales a tiempo, la inseguridad socavará definitivamente la gobernabilidad y nos hará víctimas para siempre del crimen común, del crimen organizado y transnacional, del narcotráfico, del tráfico ilícito de personas, de los grupos armados y del terrorismo en todas sus expresiones. El Estado que no garantiza a través de sus policías, jueces y fiscales la seguridad de sus ciudadanos no está cumpliendo con la misión esencial que históricamente originó el aparato del Estado.

Por esa razón, me propongo a impulsar como senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata una Ley de Seguridad Ciudadana que concilie los derechos de la ciudadanía a una vida civilizada y sin criminalidad con los derechos constitucionales, que contribuya a la creación de una policía efectiva y comunitaria, dotada de recursos humanos y materiales adecuados, y que integre a las organizaciones de base y comunitarias, a las juntas de vecinos y a las asociaciones de padres, a los clubes barriales, a las escuelas y a las iglesias, en las tareas de prevención de la criminalidad. El orden y la libertad no son contrapuestos, pues no puede haber orden sostenible sin libertad ni libertad perdurable sin orden.

En este sentido, la ley que propongo busca: primero, crear las bases para una política pública que no existe en la actualidad e integrar bajo un nuevo concepto y modelo a todas las áreas del gobierno que tienen que ver con la seguridad pública; segundo, establecer el marco legal que permita transformar radicalmente el trabajo policial y de prevención del delito; y tercero, recuperar para las instituciones de seguridad ciudadana el papel que les corresponde para la legalidad y legitimidad del Estado. Dicha ley contemplará la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual es la instancia ideal para coordinar esfuerzos de las distintas esferas del gobierno y de la sociedad en las tareas de seguridad pública. Eje esencial de este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es la creación de una instancia independiente, la Coalición contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, que agrupe a todas las organizaciones ciudadanas interesadas en participar y criticar la estrategia gubernamental en el combate del crimen y que reúna información estadística fidedigna, verídica y objetiva que permita analizar las tendencias de la delincuencia en el país, que difunda los resultados a la población en general, para que esta información sirva como apoyo a las labores de las oficinas gubernamentales encargadas de la seguridad en la planeación, ejecución y evaluación de las acciones en materia de seguridad ciudadana. Parte importante de este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es la puesta en ejecución de un Programa de Comunidades Seguras destinado a fomentar proyectos de prevención del delito en barrios y sectores con altos índices delictivos.

Con esta Ley de Seguridad Ciudadana, y la eventual reforma del Código Penal para sancionar los nuevos delitos que azotan a nuestra sociedad en todos los ámbitos, no solo se previene y combate la criminalidad sino que, además, se integra como actor de primer orden a la ciudadanía, lo cual le da mas credibilidad al gobierno, legitima sus políticas y asegura la eficacia de la estrategia de seguridad pública.