Una ley para el desarrollo del turismo

Una ley para el desarrollo del turismo

EDUARDO JORGE PRATS
Nadie que haya tenido mucho o poco que ver con lo logrado y lo que se espera lograr de la actividad turística en el país duda que el turismo debe ser el principal motor del desarrollo social y económico de la República Dominicana. Personalmente estoy convencido de que podemos convertir a este sector en nuestra principal actividad económica y en nuestro principal generador de empleos y divisas.

Por eso entendemos que hay que propiciar una plataforma institucional que permita que el sector privado desarrolle sus iniciativas en armonía con el gobierno, que contemple una visión del desarrollo nacional a largo plazo, que provea un marco regulador de las iniciativas públicas y privadas y que garantice el patrimonio natural y cultural del país. En definitiva, estamos visualizando una plataforma que dé seguridad jurídica al inversionista, empoderamiento al gobierno y controles de las políticas públicas al ciudadano y a las empresas. Se busca uniformar un marco legal que permita un mejor desempeño del sector turístico y que lo ponga a competir exitosamente con Jamaica, Bahamas, Cuba, Panamá, Costa Rica y México.

Nuestra propuesta legislativa parte de varias asunciones. Primero, que hay que definir las reglas del desarrollo a largo plazo del turismo, para evitar los costos de transacción asociados al debate sin referentes legales y a la politización de proyectos como la Isla Artificial, la autovía del Este, la autovía del Coral, la carretera de Samaná, la construcción de aeropuertos, el proyecto de desarrollo de Samaná y Montecristi y el eterno conflicto de Bahía de Las Aguilas. Segundo, que hay que diseñar políticas que sustituyan los incentivos de primera generación, útiles y necesarios en su momento, como lo son los contenidos en la vieja ley 153-71, y que compensen los desincentivos del cumplimiento parcial de la promoción institucional a cargo del gobierno, de la ausencia de infraestructuras adecuadas, de la escasa institucionalidad, de la crisis eléctrica y de las deficiencias en la formación de los recursos humanos. Tercero, que la Secretaría de Estado de Turismo no debe seguir funcionando como ente rector y regulador al mismo tiempo. Cuarto, que los compromisos coyunturales a que tienen que recurrir los promotores turísticos frente al Estado, como fue el compromiso del sector con el Presidente de la República para darle salida al impasse con el proyecto de reforma fiscal, no ayudan a sentar bases para desarrollar este sector. Y quinto, que los lineamientos de la Declaración de Punta Cana y las conclusiones del Informe de Desarrollo Humano del PNUD deben ser incorporados en un marco legal idóneo.

La ley que proponemos articularía el desarrollo turístico alrededor de 3 pilares: la definición del modelo de desarrollo turístico a corto, mediano y largo plazo; el ordenamiento institucional del sector; y los incentivos, regulaciones y garantías de las inversiones. De manera específica, la pieza abarcaría la formación de recursos humanos, la creación de estadísticas del sector; período de anticipación de gravámenes e impuestos; los planes de ordenamiento y desarrollo de infraestructuras; contratos de arrendamiento de patrimonios públicos; la utilización de los impuestos provenientes del turismo; los incentivos a las ofertas de turismo complementario; los incentivos a las iniciativas de responsabilidad social corporativa; la regulación del mercado laboral; la creación de un fondo de emergencia para reestablecer la infraestructura turística ante la eventualidad de catástrofes naturales; la seguridad de los turistas; y la inclusión de las comunidades locales en el desarrollo de las actividades turísticas.

Mi experiencia profesional en los últimos años como gestor de importantes proyectos de ley y el convencimiento de la importancia para una nación en desarrollo como la nuestra que representa establecer un marco de certidumbre institucional para las inversiones, nos inducen a escoger como una de las prioridades y motivos de aspirar al Senado de la República para ocupar la representación del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), la construcción de una plataforma legislativa que defina legal e institucionalmente un desarrollo turístico armónico, sostenido y sostenible. Y es que un país más justo, seguro e institucionalizado requiere que apostemos con hechos y no con palabras a la industria que será la clave para nuestra subsistencia como economía en el siglo XXI.

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