CÉSAR PÉREZ
Se dice que más que el generalizado irrespeto de la ley, la generalizada disolución de los elementales valores o reglas de convivencia conocidas como el sentido cívico o las llamadas buenas costumbres, constituyen los signos más evidentes del resquebrajamiento de la estructura en que se asienta un orden social. Este resquebrajamiento es expresión de la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas en que se asienta ese orden social y la ocurrencia de esta circunstancia podría explicarse por la evidente generalización de la corrupción en que discurre la práctica de esas instituciones.

Los sistemas político y de partidos dominicanos, para algunos observadores extranjeros, son los más estables de la región. Sin embargo, contrario a lo que podría decir el sentido común, precisamente en la fortaleza de los partidos, que es la base en que descansa la fortaleza del sistema, es donde radica la debilidad de las instituciones políticas dominicanas. La capacidad de convocatoria a los procesos electorales, la extrema politización de la sociedad dominicana, fruto del sostenido febril activismo de los partidos, les da a estas colectividades la capacidad de situarse por encima de las instituciones y hasta de la ley.

Varios ejemplos ilustran este aserto. Los integrantes de las cámaras legislativas, contrario al principio y espíritu de la Carta Magna, de hecho, no son expresiones de la voluntad popular de las diversas comunidades que en ellas representan los legisladores, sino que son simples voceros de la voluntad de las direcciones de las facciones que controlan los partidos. En tal sentido, ellos simplemente le dan forma legal a los proyectos que se discuten en los burós políticos de los partidos.

En esencia, los legisladores no nombran los integrantes de los demás poderes del Estado: judicial, electoral, Cámara de Cuentas, etc., simplemente aprueban la lista que envían los partidos, luego de acuerdos internos entre sus jefes de tendencias y posteriormente entre aquellos con representación en el Congreso. Lo mismo hicieron en el caso de la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Las instancias de representación popular, como el Congreso, los ayuntamientos o la LMD, lejos de ser escenarios para la discusión entre los elegidos de temas relativos a la institución a que fueron elegidos, son meras cajas de resonancias de las decisiones que toman los jefes de tendencias bajo el amparo y/o bendición de los poderes fácticos.

Esa discresionalidad de esa colectividades para dirigir los asuntos del Estado, los sitúa por encima de las instituciones, la vacían de contenido y hasta de cierta formalidad que le da esencia a la democracia. En breve, secuestran la democracia. Es por eso que, contrario a lo que podría pensarse, en países como Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil y Uruguay, donde el sistema de partido no tiene la fortaleza que puede exhibir nuestro país, se logran altos niveles de institucionalidad y por tanto, menores niveles de corrupción en el manejo de la cosa pública.

Con ello no quiero decir que la fortaleza de un sistema de partido determina la debilidad de las instituciones, simplemente recojo el dato de que existe una marcada tendencia en la región, a que las instituciones sean más fuertes allí donde son menos fuertes los sistemas de partidos. Se ha podido constatar que los procesos de descentralización del Estado han sido más exitosos, Colombia, Bolivia, Chile y Brasil, países donde los partidos, a diferencia del nuestro, no tienen esa fuerza que le permite establecer la forma en que discurre la vida de las instituciones del Estado.

Se tiene como de sentido común que la preservación de nuestro sistema de partido constituye la mejor forma de preservar el sistema democrático, habría que preguntarse hasta dónde es realmente democrático un sistema donde las instituciones sólo sean escenarios para ejecutar las directrices que emanan de un pequeño número de dirigentes partidarios. Porqué preservar un sistema de partido cuya lógica de reproducirse impide un funcionamiento realmente democrático a las instituciones que se supone constituyen las bases donde descansa la democracia?.