POR CARLOS FRANCISCO ELÍAS
Parte de los tantos rituales falsos de la Democracia Dominicana ha sido el escándalo por el latrocinio, el nepotismo y el robo público. Pero nada, nunca, ha pasado de eso: cháchara vil que exculpa a los agresores y ladrones de cuello blanco, porque el valor o el monto del robo, ayuda a la movilidad social y a la distinción, dejando como lección a las clases sociales más bajas que la buena norma es robar mucho, para conseguir el status y el perdón social, que obviamente, no implica perdón moral, pero de esto no vive nadie en el país, esa es la tendencia, gobierno va y gobierno viene…
El desarrollo mediático de la República Dominicana ha permitido situaciones singulares en materia de análisis y juicios mediáticos a la corrupción administrativa, desde que nuestro sistema de partidos, fuente nutricia del sistema político dominicano, decidió dar las espaldas a hechos de corrupción reñidos con toda disciplina personal y partidaria.
Pero esta es una temática vieja, la conocemos: la raíz de este desinterés ha sido el hecho de que en los propios partidos políticos se tiene asimilado que los cargos públicos y la política misma, deben ser una fuente de ingresos básicos para una acumulación monetaria, es lo que en el argot de ellos se llama progresar en la política, que implica a posteriori cambiar de niveles sociales.
Para que esta cultura e ideología fundacional de los partidos funcione serán imprescindibles relaciones personales cuyo perfil sea la complicidad permanente, la encubridera, la vista gorda y el canchanchanismo, expresión vernácula que la propia política cómplice ha puesto de moda en los corrillos partidarios.
Las quiebras de los ensayos de modelos económicos y políticos agotados, han producido a su vez mayores monstruosidades en materia de desfalco al erario, pero en esa misma medida en el corazón de los propios partidos políticos, en sus bóvedas disciplinarias, nada ha trascendido.
Si queremos comenzar un análisis coherente de las fuentes que alientan la corrupción como ideología para ir a un cargo público, debemos entender que el mal se inició en la no sanción de los partidos a sus delincuentes con disfraz de militantes o partidarios.
No conocemos todavía de ningún caso que haya sido notorio en el que los partidos políticos nuestros (Esa cosa sagrada según ese gran defensor de aquel sistema Tirso Mejía Ricart) hayan hecho pública alguna sanción que implique la expulsión de por vida, de algún ladrón enquistado en alguna de estas organizaciones que nos gastamos. Nadie lo ha hecho, algo más extremo aún: nadie ha sido suspendido de ningún partido, porque haya sido señalado o acusado de corrupción, mientras se investiga el caso.
Todo lo contrario : en el PR, PRD y el PLD lo que se ha hecho es apoyar el funcionario señalado en desgracia, como un ejercicio firme de que el partido agradecido no abandona…
Eso da como resultado, que ningún militante tiene miedo de delinquir, porque los sistemas de disciplinas de nuestros partidos no funcionan, ni para estos casos, ni para ninguno.
Recordemos los Juicios a S. J. Blanquenstein, aquel personaje reincidente en yerros del PRD, que de nuevo, fiel a una coherencia nefasta ha sido de los artífices de la Reelección, aquellos juicios crearon en la población muchas expectativas, hasta que llegaron a un punto muerto y de aquella experiencia lejana en el tiempo, pero no en la memoria se debieron haber sacado ciertas experiencias aleccionadoras:
1. Que cuando se tiene la presunción de que algo anda mal en el Estado, lo que se debe hacer es recopilar información fidegina, no traficar con ella de modo público y usarla con fuerza cuando el momento de la Justicia llegue.
2. Saber que mientras se airea en los medios sin fines estratégicos ulteriores, se pierde el clima de respeto a lo que se denuncia, por que se hace repetitivo y se gasta la información y la veracidad de su contenido.
3. No poner alerta a nuevos frentes que puedan entorpecer la tarea que se lleva a cabo, porque no tiene sentido. Tampoco señalar nombres de personas de las que no se tiene la seguridad íntima de estar involucrada en dicho caso, porque cada vez que hay un desmentido, todo lo que se ha denunciado se acerca al descrédito de la buena fe de quien denuncia originalmente.
4. Tener la inteligencia de entender que si estamos pidiendo justicia y combate a la impunidad, no hay familias honorables y familias plebeyas, que los actos delictivos, como tales, deben ser analizados y juzgados sin pretender que quien ha delinquido, por un gran abolengo, debe ser visto con la compasión permisiva que su rango social implica, pese al delito cometido.
Este punto es importante, porque de este modo ni fulano ni sutano según lo que finalmente acuerde la justicia, deberían tener , según sus abolengos, ningún trato preferencial para calificar sus hechos y las consecuencias de los mismos.
Sin dejar de reconocer, obviamente, que la tarea de un alto ejecutivo, asesor de un Presidente, no es encubar sus propias vendettas individuales, para usar el poder oficial y destruir una institución del sistema bancario y de paso: buscar ventajas personales en nombre de la miseria de un país hastiado de embaucadores profesionales…
Ahora bien, cuando la lucha contra la impunidad se confunde con una vendetta familiar, cuando la lucha contra la impunidad se convierte en un círco mediático, andamos mal, muy mal.
Porque combatir la impunidad, en el contexto de esta realidad, debiese ser un item importante de esta transición.
Me explico:
Si usted aparece por la televisión, hace primero de comentarista político y plantea todo lo que usted entiende, acto seguido, de ese mismo tema, cruza hacia casos personales y se hace una mezcla de ingrediente entre una cosa y la otra, la orientación que debe tener la Opinión Pública se diluye y lo que debe ser una interesante tarea en la lucha contra la impunidad se termina percibiendo como algo personal matizado de intereses personales…
Justo es el momento para hacer la siguiente precisión: si algo debiese caracterizar a esta gobierno de transición debe ser justamente la lucha contra la impunidad, porque tengo la certeza de que ella está contenida en el amplio mandato electoral, al nuevo gobierno, no creo que ese sea en estos momentos un tema de agrias discusiones, eso está despejado y claro: y la ejecución de esa lucha contra la impunidad podrá ayudar a la gobernabilidad del presente gobierno, mucho más de lo que se pueda pensar de modo estratégico.
Los rituales mediáticos sobre el tema de la impunidad, el escándalo gratuito, las implicaciones o insinuaciones insostenibles, no ayudan el buen propósito de la urgente necesidad de que la lucha contra la impunidad sea creible.
Debe preocupar en estos momentos, que todos los desmanes conocidos, no tengan soluciones judiciales.
Estoy profundamente convencido, que del único modo que se puede enviar una señal clara de restablecimientos de normativas públicas y sociales, para el saneamiento moral de la política dominicana, es creando conciencia en la opinión pública de que la lucha contra la impunidad es un compromiso de todos los dominicanos y dominicanas, que han decidido vivir en este país y defenderlo, como su único bastión de vida y civilidad.
La normativa social de un país se ve reforzada, cuando en materia de estas misiones, existe una visión policlasista en el castigo del delito, cuando no ocurre así estamos creando una pedagogía exquisita para que los de abajo, no se sientan implicados en su compromiso de equilibrio moral de la nación, entonces fragmentamos los espacios sociales y unos viven con una normativa social permisiva y otros con una normativa social donde solo el castigo les espera si rompen la norma del sistema.
Este país ha tenido muchas citas falladas con momentos de grandes soluciones y grandes determinaciones, será saludable que este momento no sea una de ellas: nos conviene a todos…