MIGUEL AQUINO GARCÍA
Una de las razones por la cual la mayoría del pueblo dominicano tiene un sentimiento de confianza en la persona del presidente Fernández, es porque se le reconoce una clara visión de los cambios que son necesarios en la estructura del aparato estatal para su modernización y efectivo servicio a la ciudadanía.

Desde su primera administración Fernández se empleó a fondo en la ejecución de cambios que resultaran en una mecánica de efectivo servicio a las necesidades del contribuyente, lo cual se logró con modificaciones estructurales en numerosas dependencias públicas, que resultó a su vez en la modernización y agilización de trámites para obtener licencia de conducir, para la obtención de pasaporte, para la recaudación de impuestos fiscales, para la renovación de placas, entre otros, todo lo cual contribuyó a aliviar el peso de una burocracia estatal tradicionalmente lenta, corrupta y costosa.

Esa visión futurista del presidente que reclama cambios fundamentales en la estructura del Estado y el consiguiente fortalecimiento de nuestras instituciones, es particularmente importante en un país en el que, como resultado del monopolio en todas las estructuras de bienes y servicios ejercida por la dictadura de Trujillo, heredamos un aparato estatal que por su condición de ser el principal empleador y ofertador de bienes, arrastra consigo el virus de la corrupción y el clientelismo que tanto daño han hecho y continúan haciendo en nuestro país. En ese sentido, la medida anunciada por el partido de gobierno con la aprobación del señor presidente, de rebajar una fracción de 3 a 5% del sueldo de empleados públicos pertenecientes a dicho partido, para engrosar las reservas financieras de esa organización política, resulta ser, paradójicamente, un serio obstáculo al proceso de saneamiento y modernización de las instituciones estatales que el gobierno correctamente se ha empeñado en llevar a cabo. Porque si bien es cierto que la solidez financiera de los partidos políticos facilita su operabilidad, contribuyendo de esa manera al fortalecimiento de la democracia, esos recursos financieros no deben provenir primariamente del Estado, pues el erario público es patrimonio del pueblo contribuyente y no de ningún partido político en particular, además de que a través de la Junta Central Electoral, el Estado contribuye económicamente en los torneos electorales con todos los partidos participantes. Al obligar a empleados públicos pertenecientes a una determinada parcela política, a derivar una fracción de su ingreso en favor de la organización política en control del poder, se esta simplemente obligando al Estado a transferir recursos públicos del contribuyente en favor del partido de gobierno. Esto constituiría una especie de clientelismo institucionalizado, en detrimento del estricto carácter de servicio al público que debe primar en todo servidor del Estado, sin compromisos ni ataduras económicas que pudieran condicionar la calidad y objetividad de su servicio. Igualmente y con la expetación de aumentar sus arcas partidarias, el partido en el poder tendería a excluir del tren administrativo a potenciales o actuales servidores públicos, por no ser parte de su militancia.

Se trata pues de una mala idea que inevitablemente nos trae a la memoria los recuerdos de otra mala idea, la disposición del dictador Rafael Trujillo de hacer exactamente lo que se propone ahora hacer el PLD, al deducir por ley el 10% de los sueldos de todos los empleados públicos para adjudicárselo al Partido Dominicano, la estructura política de la dictadura. Utilizando este dinero, su partido único de gobierno y la maquiavélica ingeniosidad que le caracterizaba, Trujillo desarrolló esquemas propagandísticos como por ejemplo, comprar leche para repartírsela «gratis» a las madres embarazadas de todo el país, en nombre de su Partido Dominicano, leche que en realidad provenía de los recortes de sueldos de los empleados públicos. Con este tipo de precedentes, el PLD debe evitar que al usar un día los fondos de su partido en obras sociales, digamos por ejemplo al repartir entre los pobres canastas familiares de alimentos de primera necesidad, la gente vaya a confundir aquello con «la leche de Trujillo» por el asunto del 5%.

Así mismo se puede anticipar que otros partidos políticos, al llegar al poder, se las ingeniarán para buscar también la forma de canalizar recursos del erario público hacia sus organizaciones políticas de manera institucionalizada, siguiendo los ejemplos del 10 y del 5%. Todo ello, añadido a la crónica corrupción estatal que por décadas y en mucho mayor porcentaje ha impedido el desarrollo económico de la nación, aconseja que recortar el sueldo de los empleados estatales para engrosar las finanzas del partido de gobierno no es una buena idea, de hecho ello promete obstaculizar los obvios y genuinos deseos del joven presidente, para marchar por el camino del adecentamiento de la cosa pública. Es una mala idea que debe ser revertida, antes de que los huesos de Juan Bosch se empiezen a sacudir en su tumba.