El triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el pasado 20 de mayo, fue el fruto de una combinación de factores tales como el uso brutal de los recursos y el crédito del Estado; la manipulación de la mayor parte de los medios de comunicación social y la mediatización de otros; la compra de periodistas y dirigentes políticos, la intimidación de la población y el engaño por parte del gobierno a diferentes sectores sociales en cuanto a las expectativas de mejoramiento de sus condiciones de vida; y los aliados dentro del PRD que por torpeza o interés le hicieron el juego, así como el manejo arbitrario de las instituciones del Estado que tienen que ver con los procesos electorales.
Lo más grave de todo ha sido la conformación de una maquinaria infernal de control electoral con las instituciones que están llamadas a proteger la democracia y el sufragio efectivo en este país.
Así, la Junta Central Electora (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC), han sido constituidas de la tal manera que el PLD, con la participación minoritaria de su aliado estratégico dentro del PRD, monopolizan todas las decisiones de carácter electoral, al margen de la legislación y el espíritu democrático que deben sustentar los procesos electorales.
El colmo del manejo institucional ilegal fue la organización de las elecciones generales sin aprobar una Ley Orgánica Electoral, tal como manda la propia Constitución, dejando vigente la Ley 275-97, que entre otras lindezas contiene la existencia de las cámaras administrativa y contenciosa ya desaparecidas, a todas luces obsoleta, con la creación del TSE. Ahora se pretende aprobar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, antes de que se apruebe la ley que le dé un marco apropiado dentro del sistema, para asegurar el continuismo peledeísta.
Naturalmente que esos organismos compuestos totalmente por peledeístas y sus aliados estratégicos, no quieren hacer otra cosa que tratar de ir preparando las condiciones para asaltar nuevamente el poder en el año 2016. Para eso cuentan no solo con aprobar una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas a su imagen y semejanza, sino luego tratar de aprobar una Ley Orgánica Electoral que consagre y profundice el papel autoritario y ultracentralizador del Presidente peledeísta de la JCE, al margen de toda razón y pudo .
No en balde la JCE hace repetir por radio y TV, todavía hoy, las declaraciones de los observadores de la OEA en el país, que califican elogiosamente la labor realizada el 20 de mayo, dejando de lado todas las denuncias, atropellos y manipulaciones que estuvieron a la orden del día en dicha comedia electoral.
Todo eso demuestra que no hay duda de que sin una legislación y composición electoral más justa para el 2016, el pueblo y sus fuerzas organizadas deben movilizarse para exigir las garantías y árbitros que garanticen unas elecciones justas y limpias como las merece este infortunado país. Esa es una tarea patriótica irrenunciable que deben asumir todos los dominicanos que esperan una vida mejor