Sin importar el  tiempo que dure la decisión, el cierre de Cibao TV Club canal 53, de Santiago, se inscribe como un acto de censura muy preocupante, pues su dimensión sobrepasa los linderos del presunto delito que se procura castigar. Preocupa que en vez de actuar contra la persona autora de la supuesta violación a través de un programa, se procediera contra el medio de difusión, amordazando así toda su programación.

Preocupa que el argumento de que el canal estaría operando fuera de ley solo fuera esgrimido cuando desde ese medio de difusión se emitieran conceptos que molestaron al Gobierno y serían violatorios de leyes que hacen valer sus disposiciones a través de  instancias específicas, entre las cuales, por cierto, no está el organismo que ha dispuesto la suspensión de las emisiones. Probablemente la mordaza contra el canal en pleno, y por añadidura contra toda su diversa programación, ha sustituido la que ha debido ser decisión de un tribunal debidamente apoderado del caso.

El cierre de Cibao TV Club puede sucumbir bajo  el peso del desatino que lo sustenta, pero dejará la percepción de que aún en estos tiempos existen en el país reductos de una maquinaria de  censura que operó  durante mucho tiempo y cuyo desmonte  ha costado mucho esfuerzo.

Auditorías sin seguimiento

Con muchas de las auditorías que practica la Cámara de Cuentas, incluyendo aquellas motorizadas por sospechas de irregularidades, está ocurriendo que no mueven la inercia de instancias que deberían emitir decisiones en base a sus resultados. Unas veces, los resultados de las auditorías no son divulgados ni siquiera a requerimiento de partes interesadas, y en otras oportunidades las instancias apoderadas de los mismos no los someten a escrutinio para detectar posibles responsabilidades.

Es necesario que en los casos de detección de irregularidades, los resultados de las auditorías sean sometidos al debido escrutinio. Los informes sobre sus conclusiones no deberían ser asuntos secretos, y menos cuando haya sectores que legítimamente reclamen acceso a esos resultados. No olvidemos que se trata de exámenes destinados a determinar la forma en que son manejados recursos públicos. La transparencia impone un cambio de actitud.