Hoy 
MIGUEL AQUINO GARCÍA
Hasta hace pocos años, uno hubiera dicho que la supervivencia de la República Dominicana como nación libre, con su propia identidad, costumbres, religión e intereses comunes era todavía factible, a través de una adecuada convivencia con el vecino país. Pero de la noche a la mañana, el país se ha visto expuesto a un proceso de haitianización acelerado como empujado por fuerzas empeñadas en consolidar la fusión política y social de ambas naciones. De repente, parece haber perdido toda noción de control en la frontera, y la sociedad dominicana contempla estupefacta la presencia en calles y avenidas, campos y ciudades y en todas las ramas de la productividad, de nacionales haitianos que con toda impunidad desplazan al obrero dominicano de las limitadas oportunidades de trabajo y de los más simples modos de subsistencia como lo es la venta ambulatoria.
Si bien es cierto que el mantenimiento de este flujo migratorio es favorecido por empleadores pequeño-burgueses de este lado, dedicados a explotar la mano de obra barata haitiana, por mercaderes de la miseria que desde ambos lados de la frontera trafican con el cruce seguro y transporte de los nacionales haitianos a diversos puntos del interior del país, lo cierto es que el gran beneficiario de esta oleada masiva de haitianos hacia el territorio dominicano es la clase gobernante de Haití, cuya agenda histórica ha sido por siglos la haitianización de la parte Este de la Isla a través de la conquista territorial, que a tono con los nuevos tiempos ha tomado la forma de una invasión pacífica.
Este proceso de fusión social de ambos países es estimulado por países ricos de la región, que buscan ahuyentar la inmigración haitiana hacia sus respectivos países, favoreciendo y apoyando el vaciamiento del problema haitiano hacia la República Dominicana, con el cual nos llega también el problema del tráfico de drogas originado allende mares.
Ante esta situación, que de no detenerse bien podría describirse como una real amenaza a la supervivencia de nuestra sociedad como nación independiente, las autoridades parecen haber adoptado una actitud de peligrosa tolerancia a la invasión pacífica del país, perdiéndose en la retórica de supuestos planes de política migratoria cuya enunciación establece meses de espera antes de actuar, anuncia la quijotada de detener todo esfuerzo de repatriación pendiente de un propuesto registro y censo de ilegales haitianos dizque para determinar quiénes son y dónde están y a quién se le permitirá permanecer o debe irse. ¿Y dónde están los recursos para acometer semejante imposible proyecto? ¿Qué veracidad tendría la información obtenida de una población inmigrante que busca eludir todo control migratorio, que se mueve libremente por todo el territorio nacional, que no tiene medios de subsistencia en su propio país, que ha procreado familias propias en nuestro territorio, que considera que la demanda por su mano de obra barata por empleadores violadores de la ley justifica su presencia en el país? ¿Cuántos censores o inspectores habrá que habilitar para interrogar a uno o dos millones de haitianos que tienen interés especial en no ser interrogados, detectados o deportados? ¿A quién se le ocurrió semejante quijotada?
Nos da la impresión de que el compás de espera abierto por la anunciada política migratoria, no es más que una forma sutil de ceder a la presión internacional que nos está obligando a asimilar el proletariado haitiano, es una forma de justificar no hacer absolutamente nada para gobernar tranquilo ante la más grande amenaza que se haya visto a la supervivencia misma de la nación, pues lo que el propuesto plan migratorio ha hecho, y así lo confirman todos los voceros del Gobierno, es impedir de momento todo esfuerzo de repatriación de ilegales en espera de papeleo migratorio.
¿Y por qué no se comienza con un control efectivo de la frontera? El presidente Fernández ha pedido ayuda al Comando Sur del Ejército norteamericano para ayudarnos a delinear un Plan de Control Fronterizo, no para detener el flujo de haitianos, sino de narcóticos. Sucede, sin embargo, que el simple desmantelamiento del tráfico organizado de ilegales que se da a la vista de todo el mundo y que el Gobierno podría desarticular y mantener desarticulado en un abrir y cerrar de ojos, terminaría básicamente el problema. Lo que se necesita es la voluntad política para hacer una prioridad el control fronterizo y de las carreteras de accesos al país. La ayuda de los norteamericanos sería adicional y bienvenida, en el marco de la lucha logística contra el narcotráfico.
Por otra parte, la simple aplicación y enforzamiento de las leyes vigentes que estipulan que todo empleador debe tener un mínimo de 80% de dominicanos y que los extranjeros deben ser residentes legales, crearía de inmediato miles de empleos para dominicanos, hoy victimizados por nacionales haitianos trabajando por debajo del sueldo mínimo en todas las áreas de servicios. No se trata de crear nuevas leyes, sino de aplicar las que existen.
Finalmente, no hay porqué tener miedo, ningún país rico nos va a invadir o a tumbarnos el gobierno por el simple hecho de ejercer nuestra soberanía y deportar ilegales haitianos, tal como ellos mismos deportan a nuestros nacionales tan pronto son detectados como ilegales; lo que se necesita hacer es sensibilizar a la opinión pública internacional de que la solución de la problemática haitiana no puede ser la destrucción de la República Dominicana. Si nos respetamos como nación, actuando dentro de la ley y el sentido común reconocidos en todas partes, nos ganaremos el apoyo y respeto de la comunidad internacional. Si nos dejamos acorralar y cedemos a simples intereses circunstanciales foráneos, pereceremos como nación. De eso que a nadie le quepe la menor duda.
