Escribo por la necesidad de satisfacer una angustia existencial de denunciar la injusticia más cruel: cambiar la verdad por la mentira, tanto en Dominicana como en la Madre Patria, España. Lo resumo en la frase de la necesaria ley de la Memoria Histórica.

Estoy reaccionado, en primer lugar, al intento de justificar lo que el rumor público señala como una muerte del Tirano de los padres de una prestante miembro de la sociedad dominicana, como si fuera un accidente de los tantos.

Y, en segundo lugar, la desvergüenza de utilizar la maquinaria política entronizada en la justicia para reprimir por venganza del encausamiento de la trama corrupta de uno de los partidos políticos españoles, al icónico juez Garzón, paladín de la “Justicia Universal” en contra de los dictadores.

Aunque en España existe una Ley de Memoria Histórica,  los ejemplos de mayor consecuencia jurídica ha sido la implementación en Argentina y Chile que ha llevado a los mismos dictadores militares a los tribunales, aquí olímpicamente asumimos la “callada por regla”.

Tanto así, que en algún momento, un asistente del entonces Presidente del Consejo de Estado, Don Rafael Bonelly, me contó que encontraron en el Palacio Nacional los archivos de la correspondencia “asociada” al foro público que le enviaban al “Jefe” Rafael Leónidas Trujillo. La decisión de entonces fue destruir dichos archivos para proteger la intimidad de las “familias de bien” representada en las iniquidades del caliesaje gratuito que representaba dicho archivo.

Por eso es que la transición dominicana no se ha completado, porque nunca hemos creído en la justicia, y mucho menos, en la verdad. En consecuencia, tengo la ligera sospecha de que el “montaje” contra natura del enjuiciamiento del Juez Garzón es producto de las mismas bases culturales que nos hermanan a la cultura latina mediterránea a estos pueblos del sur del Río Bravo.

Un comentario que he hecho con respecto al caso dominicano es que si creemos en la majestad de la justicia, utilizar los mecanismos de las ciencias forenses para establecer la verdad histórica de cómo o, por lo menos, qué mató a unas víctimas del tirano, eliminando las conjeturas que perviven en las penumbras de la irresponsable destrucción de archivos públicos y privados de nuestro pasado inmediato.

La ley de la memoria histórica no es sólo promulgarla, sino encarnarla en la vida social, tanto allá, España, donde existe, como aquí, donde la desconocemos.